“No hablamos de flagrancia”: fiscal que liberó 16 detenidos defiende su decisión y cuestiona labor de la PNP

“No hablamos de flagrancia”: fiscal que liberó 16 detenidos defiende su decisión y cuestiona labor de la PNP

Jessica Gomero, integrante del Ministerio Público, indicó que la Policía Nacional no les ha brindado elementos suficientes para imputar posibles delitos y aclaró que el caso no se ha archivado

La liberación por decisión del Ministerio Público de 16 ciudadanos extranjeros detenidos en un edificio en el distrito de Ate, en la zona este de Lima Metropolitana, provocó una fuerte controversia. En respuesta a las críticas de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jessica Gomero Palomino, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, defendió públicamente su decisión y señaló supuestas deficiencias en el operativo policial.

La reciente intervención, realizada en un edificio de seis pisos, resultó en la captura de más de una decena de personas y en el decomiso de un arma, bolsitas de marihuana y municiones. Sin embargo, la fiscal provincial Gomero explicó que no se pudo establecer la responsabilidad directa de los detenidos sobre el material incautado.

“Cada nivel (del edificio) tiene un baño común, un baño de uso común. En el segundo nivel es que se ha hallado en el ambiente destinado para los servicios higiénicos, en la ducha, un arma de fuego al costado del inodoro, una cacerina y tres municiones. ¿Cómo puede el Ministerio Público decir si esa arma le corresponde al detenido que estaba en el tercer piso o el del sexto?”, dijo a 24 Horas.

Insuficiencia de pruebas

Para la representante del Ministerio Público, la PNP no presentó evidencias suficientes que permitieran imputar delitos de forma fundamentada a los detenidos.

“Ellos han debido proporcionarnos todas las evidencias para generar una convicción y que podamos tener indicios y elementos suficientes para presentarlos al Poder Judicial. Encontraron por ahí en un cesto, bolsitas de marihuana, al parecer, también hallado no en posesión de una persona”, detalló Gomero.

Respecto al procedimiento seguido por la Policía Nacional, la fiscal criticó que el operativo no contara con la convocatoria del Ministerio Público, como exige la ley para garantizar la legalidad de las actuaciones.

“No ha sido algo circunstancial. No hablamos de flagrancia acá. Esto no ha sido un operativo. ¿Por qué? Porque en su misma acta lo menciona, y cuando es un operativo debe estar el Ministerio Público convocado para garantizar la legalidad de estas actuaciones”, declaró.

La fiscal también cuestionó la ausencia de un registro visual del operativo. “El personal policial no ha hecho ninguna filmación de la intervención. No nos han proporcionado. Se les ha preguntado y no hay ninguna filmación. O sea, cómo entender de que se han organizado, tanto el personal, hasta vehículos y todo, ¿y no van a contar con un registro fílmico?”, cuestionó.

Caso no archivado

Gomero aclaró que, a pesar de la liberación de los 16 extranjeros, el caso continúa abierto. “El caso no está archivado”, aseguró, tras precisar que solo se ha modificado la situación jurídica de los investigados para permitir la continuidad de las investigaciones, pero en condición del ibertad.

La intervención policial en Ate fue destacada inicialmente por la PNP debido al hallazgo de 180 envoltorios de droga, armas de fuego, cacerinas de uso militar y la presencia de seis menores de edad. No obstante, para la fiscalía, la falta de pruebas individuales y la vulneración de protocolos impidieron sustentar una detención prolongada.

Desde la PNP, el coronel Henry Chingay expresó su malestar por la decisión de la fiscalía. Según indicó, el operativo contó con un trabajo de inteligencia previo y cumplió con el marco legal. Además, lamentó que decisiones como esta puedan afectar la coordinación entre instituciones encargadas de enfrentar al crimen organizado en Lima Este.

A pesar de la controversia, la investigación sobre los detenidos que permanecen bajo custodia sigue su curso, mientras persisten las discrepancias sobre la necesidad de fortalecer la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia.