El Ciudadano
Tras denunciar que «no se escuchó a la comunidad«, organizaciones sociales y vecinos de Penco-Lirquén llevaron hasta los tribunales al proyecto minero de tierras raras que busca instalar la empresa canadiense Aclara Resources y que amenaza el agua, la salud, la diversidad, la economía local y la vida comunitaria de esta zona.
Respaldados por la ONG Defensa Ambiental, los integrantes de estas agrupaciones ingresaron formalmente ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío dos recursos en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto extractivo, argumentando que el proceso de evaluación fue negligente , estuvo plagado de vicios de ilegalidad y no consideró los riesgos que provocaría una minera a 2 km de la plaza de Penco.
La arremetida judicial se centra en dos frentes específicos: un Recurso de Reclamación y una Solicitud de Invalidación, ambos dirigidos a anular la RCA del «Proyecto Optimizado de Tierras Raras». Los denunciantes sostienen que el expediente ambiental adolece de «deficiencias insalvables», particularmente en lo que respecta a la omisión de estudios de fondo sobre la radiactividad del material a extraer, los riesgos de remoción en masa en un territorio con pendientes pronunciadas, y los efectos contaminantes sobre las napas subterráneas que abastecen a la población.
El abogado Francisco Astorga, de la ONG Defensa Ambiental, enfatizó que la resolución es un «acto administrativo ilegal», ya que no solo se desatendieron los componentes ambientales críticos, «en particular los peligros de radioactividad, de remoción en masa, de contaminación del agua, de impacto en los sistemas de vida de las comunidades y tampoco se evaluó adecuadamente el componente indígena», consignó Resumen.Cl.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto que fue ingresado en junio de 2024 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), radica en las consecuencias directas sobre la geografía y el ecosistema local. El plan de remoción en masa que contempla la minera generaría una fragmentación irreversible del hábitat, afectando a la flora y especies protegidas como el Queule, el Naranjillo y el Pitao. A esto se suman los riesgos de contaminación y efectos en la salud de la población.
Comunidades de Penco denuncian evaluación negligente del proyecto de tierras raras
La percepción de abandono institucional es el combustible que mueve a los vecinos a recurrir a los tribunales. Camila Arriagada, vocera de la campaña «Penco-Lirquén Libre de Mineras»—espacio conformado por organizaciones territoriales y ambientales, la Cámara de Comercio, el gremio gastronómico y turístico, juntas vecinales y asociaciones campesinas— calificó el proceso de evaluación como «negligente», señalando que los reales peligros de la contaminación atmosférica y las enfermedades asociadas a la exposición a metales pesados fueron respondidos con evasivas por parte de la empresa y las entidades fiscalizadoras. Según la dirigenta, las observaciones ciudadanas ingresadas durante la tramitación fueron respondidas con argumentos insuficientes, tanto por estos servicios, como por la minera Aclara.
«Los reales riesgos e impactos que tendría una megaminería de tierras raras, tan cercana a las poblaciones, fueron muy poco abordados y revisados», declaró a Resumen.Cl.
«Por eso estamos hoy en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) interponiendo dos recursos, uno de reclamación de las observaciones ciudadanas en el proceso de participación y la evaluación del proyecto de la empresa Aclara, donde vemos con mucha preocupación que el SEA y el titular de la empresa y todos los organismos pertinentes a esta evaluación fueron bastante negligentes, no abordaron con profundidad las los riesgos a la seguridad y a la salud de las personas y por eso estamos interponiendo este recurso. El segundo tiene que ver con la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental que desde nuestra consideración vemos que este gobierno de turno, esta administración del Estado, aprueba este proyecto minero sin considerar, por ejemplo, una de las preocupaciones más grandes que tenemos en la población es sobre los elementos radioactivos en estas faenas mineras, en donde la de Comisión de Energía Nuclear declaró que este riesgo radiológico presente y que solamente mandó a pedir medidas de seguridad para los trabajadores , pero ninguna para la salud de la población así como también otras enfermedades respiratorias asociadas a la sílice que también que puede provocar esta minera operando a menos de un kilómetro de la población», indicó Arriagada en un video compartido en sus redes sociales.
Advirtió que donde hay un una mega minería tan cercana a centros de salud, a centros educativos, a clubes deportivos, sus operaciones «no van a permitir el desarrollo sustentable y armonioso de nuestro territorio, sino todo lo contrario, va a afectar directamente la vocación turística, gastronómica y patrimonial que tiene Penco-Lirquén»-
El descontento no solo se dirige a la minera, sino también a las esferas de poder que han allanado el camino para su instalación. Carlos Gutiérrez, presidente de la Corporación Parque para Penco, manifestó que es «lamentable» tener que acudir a estas instancias judiciales, ya que el apoyo articulado entre el poder económico y el poder político dejó en evidencia la desprotección del interés local. Gutiérrez subrayó que la comunidad nunca fue escuchada en su totalidad, y que la presión de los grandes intereses opacó las advertencias técnicas y sociales.
La hoja de ruta legal no termina con la presentación de estos recursos, ya que las comunidades ya tienen previsto acudir al Tribunal Ambiental en caso de que el Comité de Ministros (para la reclamación) y la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío (para la invalidación) desestimen sus peticiones. La estrategia contempla incluso llegar hasta la Corte Suprema si fuese necesario, como parte de una determinación de agotar todas las instancias jurisdiccionales.
«Estos dos recurso son parte de la etapa administrativa, pero vamos a seguir hasta la última instancia para llevar esto a la justicia y también para seguir convocando a la manifestación social donde Penco-Lirquén seguirá defendiendo su territorio, el agua y la calidad de vida de su habitantes», afirmó Arriagada en el registro.
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