Ciudad de México, 2 abr (EFE).- México concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país del mundo y registró un repunte significativo en los últimos meses, de acuerdo con la más reciente actualización del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), que advierte fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias.
El informe, divulgado por la organización I(dh)eas, señala que el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.
Iraq es el segundo país más señalado, con 669 casos.
Este incremento llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar las cifras y advertir sobre el deterioro de la situación.
La ONG subrayó que el mecanismo, concebido como un recurso humanitario excepcional para localizar a personas desaparecidas de manera urgente, se ha vuelto “recurrente y estructural” en México.
Aunque el Comité reconoció que el Estado mexicano responde formalmente dentro de los plazos establecidos, señaló fallas continuas en la implementación.
Entre ellas, la ausencia de planes integrales de búsqueda, demoras en diligencias esenciales —como el análisis de videovigilancia y telefonía—, investigaciones insuficientes de la posible participación de agentes estatales y una protección inadecuada para familiares y personas buscadoras.
El informe documenta incluso casos de represalias durante los procesos de búsqueda, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de agentes de seguridad en la privación de libertad de su hijo en Guanajuato.
I(dh)eas, que agrupa a diversas organizaciones de desaparecidos, advirtió que la acumulación de casos y la falta de resultados pueden influir en la eventual aplicación del artículo 34 de la Convención, que permitiría al Comité iniciar una investigación internacional ante indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU.
El 30 % de las nuevas acciones urgentes se concentró en Chiapas, sobre todo desapariciones colectivas de personas migrantes ocurridas entre octubre y diciembre de 2024.
Jalisco fue el segundo estado más señalado, con casos donde presuntos agentes estatales o personas que se hicieron pasar por ellos habrían detenido por la fuerza a varias víctimas.
En Sinaloa, las desapariciones se relacionaron con disputas territoriales y la presencia de grupos criminales en zonas donde se ha documentado colusión con autoridades.
En Baja California, Tamaulipas y Guanajuato, varios casos antiguos —de más de ocho años— no han registrado avances sustanciales.
Del total de víctimas, 65 % son hombres o niños, 35 % mujeres o niñas y 18 % menores de edad. Entre los expedientes se incluye la desaparición de un familiar que participaba activamente en la búsqueda de otro desaparecido.
“Las cifras muestran una situación grave y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación”, afirmó I(dh)eas al solicitar que el informe completo sea difundido públicamente. EFE
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