El Consejo de Defensa del Estado (CDE), interpuso el pasado jueves 18 de diciembre una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería, por los delitos de cohecho y soborno —sin perjuicio de otros ilícitos— tales como asociación criminal, lavado y falsificación documental, que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, en el marco del caso conocido como “Operación Apocalipsis”.
La querella del CDE, interpuesta ante el 12°Juzgado de Garantía, también se dirige contra 35 particulares, resultando en total 77 imputados “que incurrieron en una serie de ilícitos vinculados a hechos de corrupción y criminalidad organizada que operaba al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, particularmente, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Joaquín, y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, de la comuna de Santiago”.
Lo anterior, en alusión al descubrimiento de una red de comercio ilegal por parte de funcionarios de Gendarmería al interior de dichas cárceles, que terminó con la detención de 44 uniformados, a los que se sumaron dos más posteriormente, quienes se entregaron voluntariamente.
De acuerdo con los hechos señalados en la querella, “en dichos establecimientos penitenciarios se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile —en diversas calidades y destinaciones— quienes, en razón de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza” para permitir el ingreso de personas no autorizadas en calidad de visita. Asimismo, permitieron “la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios”.
Lo anterior, se habría efectuado “mediante actuaciones coordinadas entre particulares –tanto internos privados de libertad como personas en libertad– y los funcionarios públicos de Gendarmería”.
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