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Con la llegada del nuevo gobierno, Chile no parte de cero en materia de seguridad pública. Por el contrario, existe una base institucional y legislativa sobre la cual se puede construir. La creación de un nuevo ministerio, el fortalecimiento de Carabineros, la consolidación del Ministerio Público y la aprobación de más de 60 leyes son algunos de los avances que permiten pensar en políticas públicas más claras y sostenidas en el tiempo.

Uno de los principales desafíos sigue siendo el alto nivel de temor ciudadano. Ese miedo no se enfrenta con resultados parciales, conferencias de prensa en lugares específicos ni con una narrativa insistente sobre lo bien que se están haciendo las cosas. La ciudadanía necesita identificar, en políticas públicas permanentes, una acción cotidiana y visible del gobierno y del Estado en su conjunto. En ese sentido, “Calle sin Violencia” no logró cumplir ese objetivo. Sus cambios continuos de diseño, y sobre todo la dificultad para entender con claridad cuál era su propósito central, terminaron debilitando su capacidad de transformarse en una señal potente de acción gubernamental. Algo similar ocurrió con varios programas preventivos, que se desdibujaron rápidamente de la memoria ciudadana. Y en política pública, especialmente en seguridad, lo que no permanece en la memoria simplemente deja de existir.

El nuevo gobierno tiene una ventana de oportunidad breve, pero importante. Puede aprovecharla si instala programas claros, con impacto político, pero también comunicacional. En su momento, iniciativas como “Compromiso por la Seguridad”, de Sebastián Piñera, o “Chile Seguro”, de Michelle Bachelet, lograron precisamente eso: ordenar la acción pública bajo una narrativa reconocible. No siempre es evidente si alcanzaron plenamente sus objetivos, pero sí consiguieron instalar una orientación clara, en la que las acciones cotidianas parecían responder a un propósito común.

Porque la lucha contra la inseguridad es también, en buena medida, una disputa por la opinión pública. Reducir la inseguridad, y especialmente el miedo, requiere de un gobierno que muestre logros más que comentar problemas cotidianos; que comunique capacidad de acción más que limitarse a anunciar aumentos presupuestarios. Vivimos en tiempos de comunicación visual, de titulares contundentes y de lecturas breves. Las políticas de seguridad no pueden ignorar ese contexto.

Pero la seguridad pública no puede agotarse en el control y la reacción. El nuevo gobierno debe enfatizar en la prevención de las violencias. No solo aquellas vinculadas a estructuras criminales, sino también las que ocurren en el espacio público y en la vida cotidiana. Cuando una sociedad se acostumbra a la violencia como mecanismo para resolver conflictos, vivir en comunidad deja de ser una solución y empieza a convertirse en problema.

Las políticas de seguridad deben asegurar sanción para quienes infringen la ley. Pero esa sanción no puede pensarse únicamente como castigo. Debe incorporar también la posibilidad de reintegración social y el reconocimiento de las trayectorias y contextos que muchas veces están detrás de las conductas criminales. Se requiere una política penitenciaria que asuma toda su complejidad: una política que considere el castigo, sí, pero también la rehabilitación y la reinserción como componentes indispensables de una seguridad pública sostenible.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.