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Cuenta una antigua fábula británica sobre dos caballeros andantes que, al encontrarse en el cruce de un camino, se enfrascaron en una acalorada discusión frente a una estatua que sostenía un gran escudo. El que venía desde el norte afirmaba que el escudo era de oro macizo; el que venía desde el sur, que era de plata. Ambos tenían razón, pues el escudo tenía una cara de cada material. Sin embargo, los dos estaban equivocados al creer que su propia perspectiva agotaba la verdad.

Algo de esto ocurre en la discusión del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Ejecutivo para resguardar a las comunidades educativas. Algunos sectores de la oposición han tendido a plantear el problema como si se tratara de una disyuntiva: o tenemos un “espacio policial y de vigilancia” o tenemos un “espacio educativo y de cuidado”. La trampa de este argumento es que fuerza a elegir entre dos acciones que, en la realidad, son dependientes; empuja a decidir entre revisar una mochila ante una amenaza inminente o entregar apoyo psicosocial a largo plazo, como si la disciplina y la salud mental fuesen incompatibles.

Más allá de las caricaturas, el proyecto propone herramientas concretas: revisión regulada de mochilas -con apoyo policial si es necesario-, restricciones a vestimentas que oculten el rostro y sanciones a quienes impidan clases. Refuerza la autoridad docente, prioriza la resolución interna de conflictos y establece sanciones disuasivas frente a delitos graves.

Tal como en la fábula, la “cara de oro” representa la necesidad de una intervención urgente y de establecer límites claros, mientras que la “cara de plata” apunta a la construcción de una buena convivencia, confianza y sentido de comunidad. Esta última dimensión, que algunos critican como ausente en el proyecto, sí forma parte del debate y de la agenda pública: el clamor por un enfoque formativo, reparador y con sentido pedagógico viene a materializarse con la Ley de Convivencia Escolar, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que entrará en vigencia en julio de este año.

El punto, entonces, no es elegir entre orden o formación, sino entender que el aprendizaje no puede darse sin disciplina. Como se ha señalado en la discusión legislativa, las herramientas de resguardo no sustituyen la labor educativa, pero sí pueden generar las condiciones mínimas para que ésta ocurra.

Ahora que el debate se traslada al Senado, se abre una oportunidad para elevar la discusión y evitar tropezar con la misma piedra. No entender que un sistema escolar sano requiere reglas firmes, y que una seguridad duradera exige un trabajo profundo en convivencia, es mantener el debate público atrapado en oposiciones estériles. Volviendo a la fábula: los caballeros deben dejar de pelear por el color del escudo y empezar a usarlo, en este caso para proteger -del “plomo”- a quienes realmente importan: estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

Por María Trinidad Schleyer, Libertad y Desarrollo