El Ciudadano
La decisión de los parlamentarios chilenos que bloquean test de drogas a militares ha generado intenso debate. En un revés para la lucha contra el narcotráfico en las filas de las Fuerzas Armadas y de orden, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto de ley que buscaba imponer controles anuales y aleatorios de drogas para todo el personal uniformado. La iniciativa, presentada por la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans, pretendía cerrar los vacíos normativos que, según sus autores, facilitan la discrecionalidad y la falta de fiscalización en un cuerpo clave para el resguardo de las fronteras. Tras escuchar la exposición del ministro de Defensa, Fernando Barros, la comisión no logró el quórum necesario para aprobar la idea de legislar, enviando el expediente a la Sala de la Cámara, donde se definirá su eventual archivo o continuidad.
La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados sometió a votación general el proyecto de ley, Boletín N.º 17.709-02, que establece la realización anual y aleatoria de controles de consumo de drogas para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. La iniciativa obtuvo 6 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones y un parlamentario que no votó. Aunque los respaldos duplicaron a los votos negativos, el proyecto no consiguió el resultado necesario para avanzar en su tramitación en la comisión.
Los votos favorables fueron emitidos por Marcos Barraza, Carlos Cuadrado, Lorena Fries, Raúl Leiva, Javier Olivares y Carolina Tello. En contra votaron Hans Marowski, Diego Schalper y Daniel Valenzuela, mientras que Álvaro Carter, Luis Sánchez y Sebastián Zamora se abstuvieron. Omar Sabat figura como “No vota” en el registro. De esta manera, el resultado muestra que el rechazo del proyecto no se produjo por una mayoría de votos negativos, sino porque los seis votos favorables no fueron suficientes para superar el efecto de las abstenciones y el voto no emitido, impidiendo que la iniciativa fuera aprobada en general por la Comisión.
El argumento del Gobierno: costos y logística
Durante la sesión, el ministro Barros expuso los procedimientos actuales de cada rama castrense y argumentó en contra de la obligatoriedad anual. Según su análisis, exigir exámenes a «toda la dotación» cada año transformaría el control en un «trámite anunciado, previsible y logísticamente inabordable, sobre todo en unidades fronterizas de dotación reducida o en operaciones activas». Además, estimó que el costo de estos controles anuales podría ascender a 40 millones de dólares, considerando el despliegue logístico, el personal y los insumos necesarios en unidades dispersas a lo largo del territorio. Varios legisladores secundaron esta postura, advirtiendo que el proyecto generaría un gasto que solo el Presidente de la República puede impulsar mediante iniciativa exclusiva.
Un sistema actual con grietas y falta de uniformidad
Los defensores de la iniciativa, en tanto, sostuvieron que el propio gobierno ha fijado estándares más altos en prevención y que extender esa exigencia a las Fuerzas Armadas y policías es un paso coherente. La propuesta recordaba que la ley vigente (Ley 20.000) ya contempla controles de drogas en las instituciones castrenses, pero no fija periodicidad, dejando esa definición sujeta a reglamentos internos y, con ello, un amplio margen de discrecionalidad.
Esa discrecionalidad ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas. Un informe de CIPER, basado en datos entregados vía Ley de Transparencia por las propias instituciones, reveló que entre 2015 y 2019 más de 1.000 test aplicados a personal militar y policial dieron positivos para marihuana y cocaína. Pero más allá de la cifra, el reportaje halló una serie de irregularidades: Carabineros solo sanciona a suboficiales, la PDI disminuyó el número de test aplicados en 2018 y 2019, y en el Ejército se triplicaron los casos positivos en medio del estallido social. También existen zonas grises en las sanciones aplicadas a los efectivos detectados como consumidores.
La paradoja de la frontera
El dato más revelador del informe de CIPER es que no existe un protocolo común en las Fuerzas Armadas y de orden para la aplicación de test que midan el consumo de drogas en sus filas. Cada institución define cómo fiscaliza que sus integrantes no se droguen. Esta falta de uniformidad resulta particularmente preocupante si se considera que son precisamente las Fuerzas Armadas y las policías quienes controlan las fronteras y mantienen el contacto más estrecho con el narcotráfico.
Según la propia Ley 20.000, los uniformados del Ejército, la FACh, la Armada y Carabineros podrán ser sancionados penalmente solo por el hecho de consumir alguna droga ilícita. Sin embargo, la ausencia de controles periódicos obligatorios y la disparidad de criterios entre las instituciones debilitan la capacidad de detectar y sancionar a quienes, estando en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico, caen en el consumo de sustancias ilícitas.
El futuro del proyecto
Con el rechazo en comisión, el proyecto queda en manos de la Sala de la Cámara de Diputados, que deberá decidir si continúa su tramitación legislativa o si se archiva definitivamente. Mientras tanto, el debate deja al descubierto una tensión de fondo: por un lado, la necesidad de garantizar la probidad y la efectividad de las fuerzas que resguardan el país; por otro, los argumentos de costo y viabilidad operativa esgrimidos por el Ejecutivo. Lo que está en juego, sin embargo, trasciende las cifras presupuestarias. En un contexto donde el narcotráfico ha mostrado su capacidad de penetración en instituciones clave, la decisión que se tome en las próximas semanas será un termómetro de la voluntad política para enfrentar un problema que, como reveló la investigación de CIPER, ya tiene antecedentes concretos y preocupantes en las propias filas de quienes deberían combatirlo.
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