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Las bases del Concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 introdujeron un cambio que no estaba en la versión anterior: hasta un 70% de las adjudicaciones podrá destinarse a proyectos enmarcados en diez áreas prioritarias que el Ministerio de Ciencia definió en el “Anexo 4″ de las bases. No es la única modificación relevante (también se exige residencia definitiva para extranjeros), pero es la que aquí me interesa revisar, porque toca algo de fondo: cómo se decide qué investigación merece financiamiento público.

La polémica no se ha hecho esperar: académicos y rectores piden reconsiderar la medida, y varias columnas insisten en que de las diez áreas, ninguna nombra explícitamente a las ciencias sociales o las humanidades; cuando aparecen, es de forma tangencial, ligadas a “productividad” o “políticas públicas”, pese a que un diagnóstico oficial del propio Ministerio, de 2023, había concluido que había que fortalecer esas disciplinas.

Ese debate es legítimo, pero me interesa desplazar el foco: incluso si estuviéramos de acuerdo en que el Estado defina áreas prioritarias, el diseño de estas bases abre una puerta de arbitrariedad que no depende de qué áreas se elijan, sino de cómo se implementa la prioridad.

En 2026, el proceso era transparente: un Grupo de Evaluación (GE) calificaba cada proyecto con nota de 0 a 5, y esa nota, la única variable mencionada, determinaba el orden de adjudicación. En 2027, se agrega una tarea nueva: el GE debe evaluar la “pertinencia” de cada proyecto respecto de las diez áreas del Anexo 4. Esa pertinencia, junto con la nota, pasa a ser insumo para que la Agencia, no el GE, decida hasta un 70% de las adjudicaciones según esa clasificación temática. Así, un proyecto con menor puntaje pero “prioritario” puede financiarse antes que uno con mejor evaluación técnica. Las bases intentan un resguardo (los proyectos priorizados igual deben cumplir “los estándares de calidad, de acuerdo a la nota final”), pero ese estándar nunca se define con un piso numérico: no existe una nota mínima en las bases publicadas que excluya a un proyecto de la cuota prioritaria. Nada impide, entonces, que la prioridad temática pese más que el mérito.

A esto se suma que las bases hablan de “hasta un 70% de las adjudicaciones del concurso”, no de cada GE por separado. Como las diez áreas no calzan uno a uno con los GE existentes (hay GE completos, como Ciencias Jurídicas y Políticas o Historia, con escasa cabida en el Anexo 4), queda abierta la posibilidad de que la cuota se aplique de forma desproporcionada entre disciplinas, sin fórmula de equilibrio. Esa incertidumbre sobre los cupos por disciplina no es nueva: las bases nunca han fijado cuántos proyectos se financian por grupo. Pero antes esa repartición implícita no estaba sujeta a ningún mecanismo formal de reasignación; ahora sí, y las bases no dicen cómo opera. Dos personas con proyectos comparables, en disciplinas distintas, pueden tener probabilidades de ganar muy distintas simplemente porque una pertenece a un GE incluido en la lista de diez y la otra no.

Se puede discutir si la investigación en IA, litio o cambio climático debe tener prioridad sobre otras áreas. Pero aunque el Estado tenga legítimo derecho a orientar el gasto público, un concurso que se precia de basarse en el mérito no puede introducir una variable de peso equivalente (hasta el 70% de las adjudicaciones) sin definir, con la misma precisión con que fija el monto de los honorarios o la fecha de cierre, cómo se pondera esa variable y quién la aplica. Las bases 2027 hacen lo primero con detalle y lo segundo con una vaguedad que puede terminar siendo discrecionalidad. Esa vaguedad no reemplaza la discusión sobre las diez áreas: la agrava, porque a la duda de qué queda fuera se suma la de cómo se decide.

La autora de la columna es profesora asociada de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile