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El Ministerio de Interior de Reino Unido ha endurecido las condiciones para conceder visados a los ciudadanos de República Democrática del Congo (RDC) después de que las autoridades del país africano se hayan negado a aplicar las medidas migratorias del Gobierno laborista de Keir Starmer respecto al retorno de migrantes congoleños a su país de origen.

Tras solicitar en noviembre mayor mano dura a países como Namibia, Angola y RDC con los inmigrantes "ilegales" y pedir que cooperaran en el retorno de sus nacionales, RDC se ha descolgado de sus vecinos africanos y perderá ciertos privilegios en la normativa de visados.

Las autoridades británicas ya no aplicarán procesos de visados 'express' a ciudadanos de RDC e, incluso, los políticos no recibirán ningún trato especial al viajar a Reino Unido, según ha declarado el Ministerio del Interior en un comunicado recogido por la cadena de televisión pública BBC.

Por otro lado, Namibia y Angola han aceptado las condiciones de Reino Unido, por lo que su estatus se mantiene, después de que el Gobierno británico les amanezara con sanciones, algo a lo que ahora podría enfrentarse RDC.

Reino Unido consideraba que estos tres países obstaculizaban las deportaciones de "inmigrantes ilegales y delincuentes extranjeros" a sus territorios de origen, por lo que de esta manera, en los próximos meses se acelerarán estos procesos a Angola y Namibia. El Ministerio del Interior ha asegurado que este acuerdo marca el "primer éxito de las reformas de la política de asilo del mes pasado".

Aunque han señalado que RDC ha adquirido algún compromiso, todavía se puede enfrentar a mayores medidas sancionadoras sino colabora como la prohibición para emitir visados a cualquier persona del país.

El Gobierno laborista dirigido por el primer ministro, Keir Starmer, ha implementado reformas sustanciales en las políticas migratorias, con un enfoque que prevé la repatriación de 35.000 personas sin derecho a permanecer en el país desde julio de 2024, el aumento de redadas y detenciones por trabajo ilegal en un 50 por ciento y el incremento de las decisiones sobre asilo en más de un 116 por ciento.