Revisión de las etiquetas de la DGT: el Gobierno analizará las emisiones de CO2 como criterio adicional

Revisión de las etiquetas de la DGT: el Gobierno analizará las emisiones de CO2 como criterio adicional

El Gobierno ha anunciado una próxima reforma del sistema de etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de incorporar las emisiones reales de dióxido de carbono (CO2) como nuevo criterio de clasificación. La medida ha sido impulsada por Sumar, ERC, Bildu y BNG, y se enmarca dentro de la revisión de la Ley de Movilidad Sostenible, que será abordada a lo largo de 2025, y supone un paso adelante hacia un modelo más riguroso de valoración del impacto ambiental de los vehículos.

Hasta ahora, el sistema de etiquetado estaba dividido en: Cero, Eco, C o B, y se basaba exclusivamente en la tecnología de propulsión del vehículo, sin considerar las emisiones efectivas de CO2 u otros contaminantes. Esta situación había generado críticas por parte de multitud de organizaciones ecologistas y expertos en sostenibilidad, que consideran que el sistema actual otorga beneficios injustificados a vehículos que, aunque sean híbridos o electrificados parcialmente, siguen emitiendo gases contaminantes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en colaboración con la DGT, ha confirmado que el nuevo sistema buscará una mayor equidad ambiental. Entre otras cosas, se tendrá en cuenta el tipo de uso real del vehículo, el consumo energético y las emisiones declaradas en ciclos de homologación. También se valorará el papel de los vehículos de grandes dimensiones o alta potencia que, pese a disponer de etiqueta “Eco”, contaminan más que otros modelos no clasificados como tales.

Las lagunas del antiguo sistema

Con el modelo anterior, se daban situaciones algo incomprensibles: vehículos con etiqueta ECO, como los SUV híbridos enchufables, podían contaminar más en la práctica que algunos modelos diésel o gasolina más pequeños y eficientes. Esto se debe a que el principal criterio era el tipo de motor (eléctrico, hibrido, gasolina o diésel) sin valorar cuantos gramos de co2 se emitían por kilometro recorrido. Así, algunos coches con etiqueta Cero podían superar los 160 g/km de CO2 si no eran recargados regularmente, mientras que un vehículo convencional, pero con bajas emisiones, quedaba fuera de los beneficios fiscales o de movilidad.

La futura reforma pretende corregir esta distorsión, adoptando un sistema más parecido al de países como Alemania o Francia, donde las etiquetas ambientales también tienen en cuenta el tipo de propulsión y las emisiones reales. Este enfoque permitirá al gobierno español alinear su normativa a con el Pacto Verde Europeo y con las exigencias de descarbonización del parque automovilístico de cara a 2035.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva normativa?

La modificación de las etiquetas se encuentra todavía en fase de análisis técnico, pero se espera que el nuevo modelo esté listo a lo largo de 2026, y que su entrada en vigor sea progresiva, para no perjudicar a los propietarios actuales. Aun así, se prevé que muchos vehículos hoy considerados “Eco” o “Cero” vean modificada su clasificación si no cumplen los nuevos estándares de emisiones.

El debate abierto afecta también al sector automovilístico, que pide claridad normativa y tiempo suficiente de adaptación. Algunas patronales advierten que un cambio brusco podría perjudicar el valor de mercado de coches relativamente nuevos. Por su parte, los ecologistas reclaman que la reforma no se limite a corregir etiquetas, sino que reoriente las ayudas públicas y restricciones de acceso a zonas de bajas emisiones en función de los nuevos criterios.

El resultado será un etiquetado más exigente, más justo desde el punto de vista ambiental y más alineado con la realidad del uso de los vehículos. Una medida que responde a la necesidad urgente de ajustar las políticas de movilidad a los compromisos climáticos de España y de la Unión Europea.