¿Seguridad Social? Caja Los Andes suma más de 20 demandas por prácticas antisindicales y vulneración de derechos

La llegada de Tomás Zavala Mujica a la gerencia general de Caja Los Andes en noviembre de 2024 ha desatado una crisis laboral sin precedentes en la institución. Con más de 20 demandas vigentes, denuncias de la Dirección del Trabajo y un historial que se repite desde su paso por Consorcio, la caja de compensación más grande de Chile enfrenta el riesgo de quedar inhabilitada para contratar con el Estado.

Bajo la lupa judicial: Denuncian represalias y vulneración de derechos fundamentales

En conversación con El Ciudadano, fuentes cercanas a las organizaciones sindicales denunciaron que, desde la llegada de Tomás Zavala Mujica a la gerencia general en noviembre de 2024, se ha instaurado un patrón de represalias contra los afiliados al sindicato más grande. Según las fuentes, estos trabajadores han sido blanco de presiones por ser los únicos que se oponen a la gestión autoritaria de la nueva administración.

Cercanos a los sindicatos explicaron que esto se demuestra a través de la imposición de: la firma de los servicios mínimos para la negociación colectiva a ambos sindicatos; la firma de actas de acuerdo con el fin de omitir negociaciones regladas y solo permitir convenios colectivos; y de un reglamento interno de orden, higiene y seguridad sin tener en consideración las observaciones de la organización.

A lo anterior se suma la imposición de un código de conducta que, a criterio de las organizaciones sindicales, es discriminador e incluso podría incurrir en una vulneración a los derechos fundamentales. Además, estos gremios acusaron el despido de todos aquellos trabajadores que cuestionan la gestión, o que mantienen una cercanía con la organización gremial.

El historial de Tomás Zavala Mujica con el mundo sindical no es nuevo. Según trabajadores de la Caja, el ejecutivo arrastra una fama de conflictividad que se remonta a su paso por el Grupo Consorcio. Allí, Zavala protagonizó tensos enfrentamientos con una de las organizaciones gremiales, una pugna que escaló hasta los tribunales laborales y que hoy —a ojos de los empleados de Los Andes— parece estarse replicando bajo el mismo guion.

“He aquí un factor común entre ambas empresas que ha dirigido el señor Zavala Mujica, el querer fortalecer y privilegiar a una organización sindical en desmedro de la otra”, declararon los trabajadores.

Además, agregaron que aquellas prácticas fueron denunciadas por la Dirección del Trabajo ante los Tribunales de Justicia en la causa S-64-2025, tras la negociación colectiva realizada en julio y agosto del año pasado. La causa actualmente se encuentra en tramitación.

A lo anterior se suma que las y los trabajadores advirtieron que, desde la llegada de Tomás Zavala, se han despedido a más de 200 trabajadores anualmente, despidos que fueron en aumento tras la negociación colectiva.

La denuncia también apunta a un cambio estructural en el modelo de empleo: la implementación de la subcontratación como vía para omitir beneficios colectivos. Según los trabajadores, esta práctica no solo precariza el empleo, sino que ha segmentado a la plantilla en ‘clases sociales’.

A lo anterior se suma una política de desvinculaciones que —acusan— discrimina activamente a los funcionarios con mayor antigüedad y a aquellos que se reintegran tras licencias médicas prolongadas.

El «manual» de Consorcio: El antecedente que hoy complica a Zavala

Para entender que los conflictos con los grupos sindicales no son nuevos para Zavala, cabe recordar el conflicto con la empresa Consorcio del año 2018, cuando el holding preparaba su apertura en la bolsa al mismo tiempo que enfrentaba una crisis laboral muy similar a la que está atravesando la Caja Los Andes actualmente.

Diferentes medios de comunicación de la época consignan que, en aquel entonces, Zavala Mujica lideraba la Gerencia Corporativa de Desarrollo, área clave de la que dependían los cambios estructurales de la empresa.

Se puede decir que en ese entonces se utilizó una estrategia similar a la que actualmente se aplica en la Caja Los Andes. En 2018, el sindicato mayoritario, conformado por 1.300 trabajadores, demandó a la empresa por prácticas antisindicales y acusó a la administración de pactar beneficios con un sindicato minoritario de solo 40 personas, el cual no alcanzaba el quórum legal para negociar.

Al igual que lo que se denuncia hoy en día en Los Andes, en Consorcio se acusó que a los trabajadores nuevos se les entregaba un documento para elegir entre ambos sindicatos al momento de firmar su contrato, lo que la demanda calificó como una maniobra para “saltarse la ley” y debilitar a la organización principal.

La avalancha de demandas que golpea a Caja Los Andes

Según fuentes cercanas a los sindicatos, actualmente, y a través de un solo abogado mayoritariamente, existen más de 20 demandas y denuncias en los últimos cinco meses, por despidos injustificados, tutelas por vulneración de derechos, prácticas antisindicales y la ya mencionada, interpuesta por la Dirección del Trabajo por práctica desleal, como consecuencia de la última negociación.

Para los gremios, los despidos realizados bajo esta administración tienen factores comunes derivados de una política empresarial “agresiva e impersonal”, donde se privilegian los números por encima de las personas, se valoriza al cliente externo mientras al interno se le sobreexige al límite de sus capacidades físicas y mentales, haciéndolo sentir no valorado ni considerado dentro de una organización que, cabe destacar, es líder en seguridad social en Chile.

Para los sindicatos existentes, lo anterior —sumado a la similitud en la actitud frente a las organizaciones sindicales— queda evidenciado en una serie de hechos: el conflicto con la Caja en 2025 por la adecuación de servicios mínimos, firmado por el Sindicato N°1 y rechazado por el Sindicato Nacional; la negociación paralela de un convenio colectivo por parte del primero, mientras el segundo llevaba adelante un proceso reglado; y, finalmente, tras una larga lucha, la firma de un contrato colectivo que implicaba la pérdida de beneficios, suscrito solo por cuatro de seis dirigentes en ese entonces.

Los dos que no firmaron hoy enfrentan, en represalia, demandas por parte del empleador, lo que, a juicio de las organizaciones sindicales, refleja el deterioro de la relación con la administración.

“Pareciera que estos temas no le afectan y no le preocupan a la gerencia general de Caja los Andes al punto de despedir sin considerar incluso a trabajadores que fueron ofrecidos como testigos de juicios, o no le pareciera importar la garantía de indemnidad alegada por estos ex trabajadores despedidos, derecho consagrado en el artículo 485 del código del trabajo, que se encuentra en el título de tutela laboral”, señalaron las fuentes.

Además, los gremios advirtieron que resulta preocupante que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), como entidad responsable de dirigir a Caja Los Andes, esté aplicando directrices que califican de ‘estrictas y sin contemplaciones’. Según denuncian, este estilo de gestión —que hoy imperaría en gran parte de las empresas vinculadas a la Cámara— prioriza el cumplimiento de metas financieras por sobre el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

Excedentes récord vs. desvinculaciones: La paradoja financiera de la Caja

El Ciudadano conversó con uno de los tantos trabajadores despedidos, quien solicitó mantener su identidad en reserva y a quien, para efectos de este reportaje, llamaremos Leopoldo Cuevas.

Según su testimonio, su desvinculación se dio en un contexto de conflictos laborales marcados por denuncias de maltrato y procesos judiciales en curso. Relató además que, durante la última negociación colectiva, la empresa cerró rápidamente un acuerdo con el sindicato minoritario, mientras el sindicato mayoritario —al que él pertenecía— optó por una negociación reglada ante la Dirección del Trabajo.

Para Cuevas, el proceso fue extenso y desgastante, con intentos de reducir beneficios ya adquiridos, aunque finalmente estos se mantuvieron, pero con condiciones distintas entre los trabajadores.

Además, el testimonio de Cuevas coincide con el de organizaciones sindicales respecto a los despidos. Según Leopoldo, entre noviembre y diciembre 2025, se realizaron varios despidos por supuestas reestructuraciones y necesidades de la empresa. Continuando con despidos masivos este año 2026 a la fecha. Además, enfatizó en que todas las y los compañeros desvinculados eran parte del sindicato, por lo que hoy en día están siendo asesorados por un abogado en particular que tiene varias demandas contra la Caja por malas prácticas.

En esa línea, Cuevas declaró que, desde la llegada de la nueva administración, se impusieron metas excesivas de venta de créditos y seguros; de hecho, según explicó, el 90% de la Caja se financia a través de estos créditos sociales. Según el testimonio, el año anterior hubo aproximadamente $3 mil millones en créditos sociales, lo que dio como resultado un cumplimiento del 109%, lo que derivó en un bono de 2,2 sueldos. Lo anterior, para Cuevas, difiere totalmente de las supuestas necesidades de la empresa para justificar las desvinculaciones masivas.

El riesgo de quedar fuera del Estado: La sanción que amenaza la operación de la Caja

Para Leopoldo Cuevas, el cambio en el clima laboral es evidente: los trabajadores se mantienen en constante temor ante las desvinculaciones justificadas por una supuesta reestructuración. A su juicio, esto resulta totalmente contradictorio con la imagen de bienestar social que la entidad sin fines de lucro busca proyectar, la cual —afirma— no se ve reflejada en el ambiente laboral que impera hoy en la empresa.

En esa línea, Cuevas destacó que el año 2024 la Caja obtuvo el tercer lugar dentro de las mejores empresas para trabajar en Chile, sin embargo y tras la negociación colectiva, los despidos y los cambios unilaterales, las y los trabajadores dudan que puedan volver a obtener el podio.

Además, Cuevas advirtió sobre la gravedad de la demanda antisindical interpuesta por la Dirección del Trabajo ya que esta podría terminar con los contratos con el gobierno y entidades estatales, que es donde las cajas de compensación realizan los pagos de beneficios sociales para sus afiliados.

Al respecto, fuentes cercanas al Sindicato señalaron que, pese a que la empresa tiene un giro de seguridad social y carece de fines de lucro, registró solo en 2024, utilidades superiores a $50 mil millones. Mientras que el año 2025 estas utilidades superaron los 100 mil millones, incrementándose en más de 100%, cifra histórica. Con 4,4 millones de pensionados y afiliados activos, y una participación de mercado del 68,8% en créditos sociales, se posiciona como la caja de compensación más grande del país. Este escenario —indicaron— le entrega condiciones claras para avanzar junto a sus trabajadores y volver a ser considerada una de las mejores empresas para trabajar en Chile, tal como ocurría antes de la llegada de Zavala.

Sin embargo, los propios trabajadores sostienen que la realidad es opuesta: “el ambiente laboral se ha deteriorado y el apego y reconocimiento que los trabajadores sentían por su empresa se ha perdido gravemente, anhelan la anterior administración que ya no está”, afirmaron.

En esa misma línea, agregaron que, “el descontento existente en la Caja los Andes, el estilo de gestión impersonal y autoritario, y el enfoque monetarista crea un escenario de descontento y de temor generalizado, en donde, los trabajadores tienen que acatar por temor a perder su fuente de ingresos y ello lleva necesariamente a crear distancia entre el empresariado y el trabajador”.

Además de las consecuencias que repercuten en el ambiente laboral, cercanos a los gremios advirtieron sobre los efectos económicos que el conflicto podría generar. Señalaron que, si bien la compañía obtiene cuantiosos beneficios anuales —principalmente por el ingreso de créditos y la venta de seguros a los afiliados—, lo que le permitiría solventar la crisis, la imagen que busca proyectar se vería gravemente afectada.

Asimismo, al igual que Cuevas, advirtieron que, si alguna de las denuncias por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales es acogida y finalmente sancionada, la Caja tendría prohibido trabajar con el Estado por un período de dos años.

Según fuentes cercanas, lo anterior pondría a la empresa en un escenario complejo, ya que Caja Los Andes administra la cotización de salud de Fonasa, llegando a recaudar más de $40 mil millones mensuales para el pago de licencias médicas, recursos gestionados por la propia Caja, además de la compensación con el Estado por el Fondo de Asignación Familiar, subsidios de cesantía, entre otros beneficios.

Además, advirtieron que la Caja Los Andes podría llegar a ser publicada en el boletín denominado “registro de empresas vulneradoras de derechos fundamentales en Chile”, listado que es realizado y publicado semestralmente por la Dirección del Trabajo.

Con utilidades récord históricas pero un clima interno fracturado, Caja Los Andes se encuentra en una encrucijada. La resolución de los tribunales determinará si la entidad logra recuperar su prestigio como líder en seguridad social o si, por el contrario, termina engrosando la lista oficial de empresas que vulneran los derechos fundamentales en Chile.

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