El Ciudadano
El Senado argentino dio un paso decisivo en la reforma a Ley de Glaciares en Argentina. Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, la Cámara Alta aprobó en general este jueves 26 el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica los criterios de protección sobre glaciares y zonas periglaciares . Ahora la iniciativa deberá enfrentar el debate en la Cámara de Diputados.
La votación dejó en evidencia una mayoría construida por La Libertad Avanza junto a bloques aliados, sectores del PRO, parte del radicalismo y peronistas disidentes. Del otro lado, la resistencia fue encabezada por la mayoría del bloque Justicialista, acompañada por algunos radicales y representantes provinciales.
Sin embargo, el punto más explosivo del debate no estuvo únicamente en los números, sino en una acusación que cruzó la discusión ambiental con la geopolítica. La senadora Anabel Fernández Sagasti afirmó que “uno de los requisitos para el acuerdo con Estados Unidos es cambiar la ley de Glaciares”, según reportó El Destape. La frase encendió las alarmas y trasladó la controversia más allá del recinto: ¿se está redefiniendo la protección del agua bajo presión externa?
Reforma a Ley de Glaciares en Argentina redefine la protección del ambiente periglacial
La ley vigente, sancionada en 2010, establece una protección amplia sobre los glaciares y el ambiente periglacial, considerado reserva estratégica de agua dulce. El artículo 6 prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y cualquier obra que pueda alterar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua.
Además, creó el Inventario Nacional de Glaciares, que registra 16.968 cuerpos de hielo distribuidos en 8.484 kilómetros cuadrados —una superficie equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires— bajo la supervisión del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
La reforma aprobada en general cambia ese enfoque. Por un lado, limita la protección a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva”. Por otro, delega en cada provincia la definición de su zona periglaciar, lo que en la práctica podría habilitar actividades extractivas en áreas que hoy están vedadas por una normativa nacional.
El oficialismo sostiene que la modificación busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”. En la misma línea, el senador Bruno Olivera defendió la iniciativa y aseguró que el proyecto «no habilita las actividades prohibidas y no viola la Constitución».
«Si Argentina puede extraer el cobre, el oro, la plata y el litio, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿porqué se le vamos a negar a las Provincias y a los argentinos la oportunidad de explotar nuestra cordillera, sin distorsionar estas fuentes de agua, para que podamos proveer al mundo los minerales que la transición energética?», planteó en el recinto.
Agua dulce en juego y advertencias de inconstitucionalidad
Desde la oposición, la lectura es diametralmente opuesta. Especialistas y legisladores advierten que la modificación podría constituir una “regresión ambiental inconstitucional”, ya que debilita los presupuestos mínimos de protección ambiental que, según el artículo 41 de la Constitución argentina, debe fijar el Congreso a nivel nacional.
Fernández Sagasti fue enfática al advertir que la aprobación de esta ley es «irreversible«, «porque si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, este desaparece, son formaciones que tardan millones de años en formarse y ni por todo el oro del mundo lo vamos a volver a tener».
En la misma línea, Ana Marks cuestionó la delegación de competencias en las provincias y alertó sobre una posible fragmentación normativa. «Traer la fragmentación absoluta de la normativa, dejando en manos de cada una de las provincias, que bajo sus criterios, desarrollo científico, funcionarios rompiendo las reglas claras y el establecimiento de presupuestos mínimos que manda la Constitución», argumentó.
El trasfondo es profundo. En tiempos de crisis climática y escasez hídrica creciente en la región, los glaciares andinos cumplen un rol clave como reservas de agua dulce. La reforma a Ley de Glaciares en Argentina no es solo una discusión técnica: es una definición política sobre qué modelo de desarrollo se prioriza y qué lugar ocupa la protección ambiental frente al avance extractivo.
Con el proyecto ahora en la Cámara de Diputados, el debate recién comienza. En juego no está únicamente la minería en zonas periglaciares, sino el sentido mismo de la política ambiental en una Argentina que enfrenta presiones económicas, compromisos internacionales y una crisis ecológica que no admite improvisaciones.
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