Trucho, trucho

Trucho, trucho

Cuando se pagan los impuestos, el SII tiene la cortesía de preguntar si uno quiere saber en qué se gastaron.

¿A quién le habrá aparecido que sus impuestos se usaron para financiar ProCultura? ¿Quizás los bonos de 20 millones (dos veces) que se dio Alberto Larraín porque su sueldo de seis millones, no era “de mercado” se pagaron con sus impuestos? ¿ O quizás los viajes a Isla de Pascua en business, con su pareja, según hemos conocido por las filtraciones del caso? Aún no es claro que esos lujos se hayan pagado con recursos públicos, será la justicia la que deberá determinarlo. Pero el caso ProCultura es un escándalo de dimensiones nucleares de cualquier manera. No solo son las movidas “truchas, truchas” que se han conocido. Es, en primer lugar, el mal y frívolo uso -y la falta de fiscalización- sobre recursos públicos, que todos los chilenos y chilenas financian.

ProCultura partió con la noticia del costo de la pintura de fachadas en Antofagasta, en que cada metro costaba más que si estuvieran pintando la Capilla Sixtina. Lo que ha seguido conociéndose de su actuar es superlativo. El fiscal Yáñez dijo que hubo un “flujo de dineros que la fundación ProCultura a partir del año 2022, más de $ 5 mil millones obtenidos a través de convenios otorgados por gobernaciones regionales o por organismos públicos, de manera ilegítima”.

¿Cómo justificar el pago -ni hablar de alzas- de impuestos si podrían terminar financiando esto? Peor aún: ¿cómo contrarrestar la narrativa de los populismos de que el sistema está podrido y hay que tirarlo abajo, con este tipo de conductas para con la plata del contribuyente?

En un mundo donde campean las promesas de “motosierras” para cortar “grasa” del Estado como elemento de campaña política, situaciones como el caso Convenios, y especialmente ProCultura, dejan en pie más que incómodo a quienes no suscriben este tipo de soluciones para mejorar el gasto estatal.

La idea de que se gasta todo mal, que solo hay corrupción y/o incompetencia, es la que le dio al billonario Elon Musk uno de los papeles más extraños, poderosos y controversiales de las últimas décadas. El dueño de Tesla quedó a cargo de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuya misión es cortar, cortar, cortar. Premunido de un ejército de jóvenes sin ninguna experiencia ni expertise gubernamental, comenzaron a recortar instituciones completas. Con desconocimiento y falta de criterio, jibarizaron o destruyeron desde USAID, los parques nacionales, fondos para la investigación científica para curar el cáncer, entre muchos otros casos. Han atacado casi todo del gasto; lo malo, lo bueno, lo que no se sabe. Tal experimento brutal de recorte ha resultado mal: los ahorros prometidos no eran tales y han debilitado a las instituciones.

Pero el daño está hecho.

Casos como “Fundaciones” han hecho un daño sin bordes a crear ese estado de ánimo. Y especialmente dramático es que hayan perjudicado -a veces mortalmente- a organizaciones de la sociedad civil que sí hacían y hacen un trabajo relevante, serio y probo. Un trabajo clave, que el Estado no hace ni tiene la musculatura para hacer. Solo un 0.5% de las organizaciones está siendo investigada (cálculo de María Jaraquemada), pero son muchísimas las que han terminado pagando injustamente los platos rotos de estos inescrupulosos. ProCultura agrega más y más a esa cantera. Y peor: alcances en varias regiones, con dineros que les habían provisto distintas gobernaciones, sin los resguardos requeridos, a lo menos.

Como si todo esto no fuera suficientemente grave, este caso y los otros del caso Convenios, revelan un extendido y grotesco amiguismo. Una feroz amigocracia: las relaciones personales como factores clave para llegar a un puesto, adjudicarse plata, impulsar programas o proyectos. En vez de que la amistad o cercanía personales sean vistas como un conflicto de interés -que deben declararse- antes de asignar pegas o platas, lo que se lee detrás de todas estas horas y horas de conversaciones y chats, es lo contrario. No hay meritocracia ninguna; todo se decide entre amigos. ¿Dónde están los méritos, los argumentos profesionales, la imparcialidad en las designaciones o adjudicaciones con platas del Estado?

Para mitigar estos enormes daños institucionales, urge un pacto nacional de modernización del Estado, tanto en el gasto como en los cargos. Fortalecer la Alta Dirección Pública, limitar los nombramientos discrecionales, levantar los conflictos de interés. Y separar los nombramientos permanentes -de Estado- de los del gobierno de turno, como ha propuesto Pivotes.

Así se puede intentar recuperar la confianza en las instituciones y la legitimidad del uso que estas hacen de los recursos que cada uno aporta al Estado. Nadie sabe para quién trabaja, es cierto.

Pero nadie quiere trabajar para esto.