El Ciudadano
Mientras una querella acusa a Hernán Briones de apropiación indebida, malversación y delitos informáticos, trabajadoras de programas dependientes de la corporación denunciaron falta de recursos, problemas de gestión y afectaciones en la atención de niñas y adolescentes.
Una querella presentada por la Corporación Acogida contra el excandidato a concejal por Villa Alemana, Hernán Briones Cordero, por presuntos delitos vinculados a la probidad, la fe pública y el ámbito informático, entre otros, ha encendido las alarmas.
Según la acción judicial, el exrepresentante legal de la fundación habría realizado transferencias de fondos pertenecientes a la corporación —incluyendo recursos provenientes de organismos públicos como Mejor Niñez— hacia cuentas bancarias de carácter personal. Asimismo, se le atribuye haber restringido el acceso a correos institucionales y posteriormente solicitar $5 millones a la organización para restituir el control de dichas cuentas.
Los delitos que se le imputan a excandidato a concejal, incluyen: delitos contra el patrimonio y la probidad; delitos informáticos; delitos contra la fe pública y la identidad; y delitos contra las personas.
Al exrepresentante de la Corporación se le impuntan, en primer lugar, diversas causas entre las que figuran apropiación indebida, malversación de recursos, administración desleal y conductas asociadas a extorsión o coacción.
En segundo lugar, se le acusa de acceso ilícito e interceptación ilícita. En tanto, también enfrenta acusaciones por usurpación de identidad y amenazas.
Aunque las cifras involucradas no alcanzan la magnitud de otros casos en los que ha sido mencionado, la corporación advierte que los hechos denunciados podrían tener consecuencias significativas para su estabilidad. Según expone la querella, la institución depende en gran medida de recursos estatales para desarrollar sus programas, por lo que cualquier cuestionamiento sobre el manejo de esos fondos podría afectar la confianza de los organismos financiadores y poner en riesgo la continuidad de futuros aportes.
La querella atribuye a Briones tres presuntas transferencias irregulares realizadas entre 2022 y 2026, por un total de $11.776.062. Según el documento, los recursos habrían sido traspasados sin autorización desde cuentas de la Corporación Acogida a cuentas personales, incluyendo más de $8 millones provenientes del programa PEE San Miguel, que actualmente se encuentra en proceso de cierre. Una de las operaciones cuestionadas, además, habría ocurrido meses después de que el imputado dejara formalmente la institución.
Aunque Briones habría sostenido que se trataba de pagos por servicios profesionales, la corporación lo acusa de apropiación indebida y de malversación de caudales públicos, argumentando que los fondos involucrados tenían origen estatal y estaban destinados a programas de protección de la niñez.
Los cuestionamientos que hoy enfrenta Briones no constituyen un episodio aislado. Años antes, su nombre ya había aparecido en una investigación periodística que examinó el destino de recursos provenientes de Mejor Niñez administrados por distintas entidades colaboradoras.
Acusan afectación a programas de protección de la niñez
Cabe destacar que en la querella, la Corporación Acogida acusa a Briones de vulnerar la normativa especial de protección de la niñez, argumentando que el presunto desvío de fondos atenta contra el principio del Interés Superior del Niño al privar a la institución de recursos necesarios para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en programas críticos como el PEE San Miguel.
Además, el documento da cuenta de otras irregularidades mientras Briones era el representante legal de la fundación, entre ellas, un supuesto intento de modificar el domicilio de funcionamiento de la corporación en beneficio propio y de incorporar a familiares en puestos cuestionados por su falta de idoneidad.
Asimismo, acusan al excandidato a concejal de realizar amenazas y hostigamientos dirigidos a miembros del directorio, incluída su propia prima.
El supuesto control del correo institucional
Otra de las aristas de la querella apunta a presuntos delitos informáticos. La Corporación Acogida acusa a Briones de mantener bajo su control el correo institucional de la organización y de exigir un pago de $5 millones para devolver el acceso a la cuenta. De acuerdo con la acción judicial, esta situación se habría producido tras su renuncia, presentada en noviembre de 2025.
“El querellado mantiene hasta la fecha la administración exclusiva y arbitraria de la casilla de correo electrónico contacto@corporacionacogida.cl. Este correo constituye el medio de comunicación oficial de la institución, por el cual transita la totalidad del flujo informativo crítico, incluyendo notificaciones de tribunales, organismos públicos y comunicaciones de usuarios y proveedores”, indica la querella.
En conversación con El Ciudadano, una exfuncionaria cuya identidad mantendremos en reserva, señaló que el correo era clave para el correcto funcionamiento de los programas. Según explicaron, a través de esa casilla se recibían resoluciones judiciales, antecedentes de causas y comunicaciones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes atendidos por la institución.
Una de las educadoras indicó que «los casos de las niñas enviados por tribunal llegaban al correo institucional». En esa misma línea, otra exfuncionaria señaló: «El último mes estuvimos totalmente desconectadas porque no teníamos acceso al correo institucional».
Trabajadoras relatan impacto en la atención de niñas y adolescentes
Las acusaciones contenidas en la querella encuentran eco en los testimonios de trabajadoras de programas dependientes de la Corporación Acogida. Consultadas por El Ciudadano bajo reserva de identidad, cuatro funcionarias afirmaron que las presuntas irregularidades tuvieron repercusiones en el funcionamiento cotidiano de residencias destinadas a la protección de niñas, niños y adolescentes.
De hecho, los relatos de las trabajadoras dan cuenta que durante los últimos años, la corporación enfrentó dificultades para cubrir necesidades básicas de las residentes, entre ellas comida, implementos para la escuela, ropa de cama y elementos básicos de higiene.
“Las irregularidades afectaron directamente el funcionamiento de la residencia y, principalmente, la calidad de vida de las niñas. Durante mi trabajo como educadora de trato directo observé carencias en áreas básicas como alimentación, vestuario, útiles escolares, ropa de cama y productos de higiene personal”, declaró un exfuncionaria de la Corporación.
En esa misma línea, otra trabajadora señaló: “Yo trabajo en uno de los tantos programas de la Corporación, en la residencia […] de San Fernando, como educadora de trato directo. Y ahí se veía afectado en la alimentación de las niñas, vestimentas, escolares y del diario vivir, en sus ropas de camas, y productos de aseo personal”.
Pero las denuncias de las funcionarias van incluso más allá, declarando que a la falta de recursos de alimentos y materiales básicos, existía un ambiente de total insalubridad:
«Impactan negativamente, desde lo más básico como la alimentación de las menores, recursos que escaseaban o no llegaban a final de mes y no eran considerados a la hora de considerar un cambio de muebles o mejorar la estética de la residencia. La salubridad era nefasta, considerando la existencia de roedores, picaduras de arañas o diferentes insectos que no eran exterminados correctamente”.
«Muchas veces tuvimos que poner dinero de nuestro bolsillo»
Relatos de funcionarias y exfuncionarias de la fundación dan cuenta de que la problemática impacto aún más profundo, señalando que existían dificultades para acceder a recursos destinados al funcionamiento diario de las residencias.
Asimismo, las educadoras consultadas coinciden en que desde hace aproximadamente un año la residencia dejó de contar con un furgón institucional, lo que ha dificultado el traslado de las menores a controles médicos y otras actividades esenciales.
“Muchas veces hemos tenido que poner de nuestro dinero para pasajes o para la comida de las niñas”, denunció una funcionaria.
Al respecto, otra exfuncionaria señaló:
“Además, cuando ingresé a trabajar la residencia contaba con un furgón institucional que permitía trasladar a las niñas a controles médicos, actividades y otras necesidades. Sin embargo, hace aproximadamente un año dejamos de contar con ese vehículo, lo que provocó dificultades importantes para realizar traslados. En varias ocasiones los propios trabajadores tuvimos que costear pasajes o gastos asociados a las necesidades de las niñas con nuestros propios recursos”.
Por otro lado, una exfuncionaria de la Corporación, aseguró que la entrega de fondos para alimentación, medicamentos y traslados enfrentaba constantes retrasos, lo que obligó al equipo a financiar gastos de manera temporal mientras esperaban los reembolsos.
Funcionarias plantean cuestionamientos a contrataciones y ambiente laboral
Además de los hechos contenidos en la querella, algunas trabajadoras consultadas por este medio plantearon cuestionamientos respecto de contrataciones al interior de la corporación y denunciaron un clima laboral que califican como complejo.
En esa línea, una de las trabajadoras señaló que dos parientes de la administración habrían sido incorporadas a la residencia en cargos que generaron inquietud entre parte del personal.
Asimismo, aseguró que la corporación destinó recursos para financiar su alojamiento y que una de ellas continuó desempeñándose en la residencia tras dejar el puesto para el que originalmente había sido contratada, percibiendo una remuneración superior a la de otras educadoras.
Al respecto, otra de las trabajadoras señaló:
“Entre los trabajadores existían preocupaciones que iban más allá de los hechos actualmente investigados. Una de ellas era la contratación de familiares de personas vinculadas a la administración de la corporación para desempeñar funciones dentro de la residencia. Esta situación generó inquietud debido a que, mientras existían carencias de recursos que afectaban directamente a las niñas, también se observaban gastos que los trabajadores considerábamos difíciles de comprender y justificar”.
Ambos relatos coinciden con el de otra exfuncionaria, quien también cuestionó la contratación de familiares de personas vinculadas a la administración de la corporación. Según señaló, dos trabajadoras mantenían vínculos familiares con uno de los responsables de la organización y desempeñaban labores como educadoras de trato directo.
La exfuncionaria aseguró además que estas personas utilizaban dependencias y recursos de la residencia, y sostuvo que sus remuneraciones eran significativamente superiores a las percibidas por otras trabajadoras que cumplían funciones similares, situación que, a su juicio, generaba dudas al interior del equipo.
Las repercusiones de Briones
Las trabajadoras consultadas por El Ciudadano coinciden en que las principales consecuencias de estas situaciones terminaron impactando la estabilidad de los equipos y la continuidad de los procesos de intervención con niños, niñas y adolescentes. A su juicio, la constante rotación de personal, las dificultades para acceder a recursos básicos y los problemas administrativos terminaron afectando el funcionamiento cotidiano de programas destinados precisamente a la protección de menores vulnerados.
Mientras tanto, la querella presentada por la Corporación Acogida busca que el Ministerio Público investigue los hechos denunciados y determine eventuales responsabilidades penales. Paralelamente, los testimonios recogidos por este medio dan cuenta de otras preocupaciones al interior de la organización, las que, según las exfuncionarias, merecen ser examinadas debido a su eventual impacto en la atención de niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal.
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