El Ciudadano
Por Marco González Pizarro
En Chile se pretende instalar la idea de que dos plebiscitos rechazados implican el fin del ciclo constitucional. No es un análisis jurídico: es una operación política. Es la construcción de una narrativa que busca clausurar un mandato soberano que nunca ha sido revocado.
Chile no cerró su proceso constituyente. Chile lo dejó inconcluso.
El plebiscito de entrada de 2020 —el acto democrático más contundente de las últimas décadas— no consultó sobre un texto, sino sobre una decisión histórica: reemplazar la Constitución vigente. Con cerca del 80% de aprobación, el pueblo de Chile no pidió ajustes, pidió un nuevo pacto. Ese mandato sigue ahí, intacto, esperando cumplimiento.
Los rechazos de 2022 y 2023 no pueden reinterpretarse como una negación de ese mandato. Fueron rechazos a propuestas específicas, a textos concretos, a mecanismos fallidos. No hubo en ellos una pregunta sobre si Chile debía o no tener una nueva Constitución. Confundir ambos planos —el del mandato y el del instrumento— no es un error ingenuo: es una falacia funcional al inmovilismo.
Desde la teoría constitucional, la distinción es clara: el poder constituyente no se agota en sus intentos. Como advirtió Carl Schmitt, es una voluntad política que subsiste mientras exista la comunidad que la expresa. Como sostuvo Bruce Ackerman, los momentos constitucionales no se consumen en un solo acto, sino que se despliegan en fases sucesivas. Y como enseña Peter Häberle, la Constitución es un proceso abierto, no un evento clausurado.
Lo que Chile enfrenta hoy no es el “cierre” de un proceso, sino el fracaso de sus mecanismos. Y ese fracaso no libera al sistema político de su obligación: la intensifica.
Lo que Chile enfrenta hoy no es el “cierre” de un proceso, sino el fracaso de sus mecanismos. Y ese fracaso no libera al sistema político de su obligación: la intensifica.
Porque el compromiso asumido en noviembre de 2019 no fue procedural. Fue sustantivo. Fue un reconocimiento explícito de que el orden constitucional vigente no lograba canalizar el conflicto social. Fue, en rigor, una obligación política-constitucional de resultado: reemplazar la Constitución.
Ese resultado no se ha alcanzado.
Y mientras no se alcance, la crisis que le dio origen sigue operando bajo la superficie: pensiones indignas, un sistema de salud colapsado en tribunales, conflictos territoriales sin solución política, desconfianza estructural en las instituciones. No es que el proceso constituyente haya fracasado; es que la Constitución vigente sigue sin resolver el problema que lo hizo inevitable.
Cerrar en falso este ciclo no estabiliza el sistema: lo congela en su déficit de legitimidad.
Por eso, insistir en la tesis del cierre no es neutral. Es una forma de subordinar el poder constituyente al poder constituido. Es negar que la soberanía popular pueda persistir más allá de los dispositivos que intentan canalizarla. Es, en definitiva, administrar la crisis en lugar de resolverla.
La pregunta que Chile debe hacerse no es si el proceso terminó. Es cómo retomarlo con mayor inteligencia política, con mejores reglas, con mayor capacidad de construir acuerdos reales.
La pregunta que Chile debe hacerse no es si el proceso terminó. Es cómo retomarlo con mayor inteligencia política, con mejores reglas, con mayor capacidad de construir acuerdos reales.
Porque el mandato sigue vigente.
Y es claro que la estructura institucional para el Chile del siglo XXI, aún no llega. Es momento de tomar las riendas para recuperar el tiempo perdido.
La coherencia democrática exige algo simple y profundo: cumplir con dar a Chile una nueva Constitución.
Por Marco González Pizarro
Dr. Ciencias Sociales, Abogado.
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