Acusan a la Policía de Colombia de manipular pruebas para justificar despidos masivos de oficiales sin justificación real

Acusan a la Policía de Colombia de manipular pruebas para justificar despidos masivos de oficiales sin justificación real

Oficiales retirados cuestionan la legalidad de su salida. Aseguran que pruebas conducidas por contrainteligencia fueron alteradas con objetivos específicos. El impacto genera dudas sobre transparencia institucional

En medio de una polémica que ha sacudido a la Policía Nacional de Colombia, oficiales recientemente retirados han denunciado presuntas irregularidades en los procesos que llevaron a su salida de la institución.

Los afectados aseguran que las pruebas de polígrafo utilizadas para evaluar su desempeño fueron manipuladas por la contrainteligencia policial, liderada por la coronel Yuli Ruiz, con el objetivo de justificar una purga masiva de oficiales, según reportó Semana.

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Este proceso, que incluyó la salida de 71 uniformados, se llevó a cabo bajo la dirección del general Carlos Triana, que asumió el cargo de director de la Policía apenas tres días antes de la decisión, y del que en ese momento entra el ministro de defensa, Iván Velásquez.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Semana varios oficiales retirados, tanto hombres como mujeres, han señalado que su trayectoria profesional fue injustamente manchada al ser vinculados indirectamente con el escándalo de corrupción relacionado con Diego Marín, alias Papá Pitufo, un conocido zar del contrabando.

Los denunciantes aseguran que nunca tuvieron relación alguna con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), entidad implicada en el caso, y que su salida fue una medida arbitraria que dañó su reputación.

“Nos sacan en medio de ese escándalo cuando no tenemos nada que ver con ello” afirmó un coronel con más de 25 años de servicio en conversaciones con el medio mencionado, quien destacó que su hoja de vida incluye múltiples condecoraciones y reconocimientos por su labor en inteligencia.

Uno de los puntos más controvertidos de las denuncias es el uso de pruebas de polígrafo como herramienta para justificar los despidos. Según los oficiales entrevistados por Semana estas pruebas fueron manipuladas para arrojar resultados “no concluyentes”, lo que permitió a la contrainteligencia recomendar su retiro.

Un coronel retirado relató que fue sometido a una prueba que duró más de cinco horas, cuando el promedio habitual es de una o dos horas. “Me querían hacer aceptar cosas que no había cometido”, aseguró al medio mencionado, describiendo el proceso como una estrategia de presión psicológica.

Los denunciantes también señalaron que las pruebas fueron dirigidas por la coronel Yuli Ruiz, quien, según ellos, habría utilizado su posición para influir en las decisiones del alto mando.

Este patrón de comportamiento recuerda al caso de Marelbys Meza, exniñera de una funcionaria del Gobierno, quien también denunció irregularidades en una prueba de polígrafo realizada por el aparato de seguridad presidencial. “Las pruebas de polígrafo son orientativas, pero aquí las manipularon para intereses personales”, afirmó otro oficial retirado.

La purga también afectó de manera significativa a las mujeres oficiales, lo que ha generado críticas hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro por un supuesto doble discurso. Mientras que públicamente se promueve la inclusión de mujeres en altos cargos, las decisiones tomadas en esta ocasión resultaron en la salida de casi una docena de coroneles mujeres. Entre las oficiales retiradas se encuentran nombres como Diana Torres, Érika Castellanos, Niyelena Hoyos, Carolina Romero y Andrea Parra, entre otras.

Una de las coroneles afectadas declaró a Semana que su salida fue resultado de haber liderado procesos administrativos contra la corrupción, lo que habría incomodado a figuras de poder dentro de la institución. “Lo que hice fue pisar callos de los poderosos, y como no encontraron nada en mi contra, usaron una prueba de polígrafo direccionada para sacarme del camino”, afirmó. Además, retó a la Policía a presentar denuncias formales si existieran irregularidades en su gestión.

Otro aspecto que ha generado controversia es la rapidez con la que se tomó la decisión de retirar a los 71 oficiales. Según documentos obtenidos por Semana la junta de generales que aprobó los despidos se llevó a cabo el 17 de febrero y duró apenas 44 minutos.

En ese tiempo, los generales presentes, incluido el recién nombrado director Carlos Triana, revisaron y votaron sobre las hojas de vida de los oficiales afectados, dedicando menos de un minuto a cada caso. Los denunciantes aseguran que la lista de retiros no fue elaborada por la oficina de talento humano, como es habitual, sino que fue presentada directamente por la coronel Yuli Ruiz, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso.

“Era obvio que ninguno de los generales se iba a oponer a la orden del general Triana, quien apenas llevaba tres días en el cargo”, afirmó uno de los oficiales retirados. Además, señalaron que esta decisión ha golpeado la operatividad de la Policía, ya que muchos de los oficiales retirados tenían perfiles altamente especializados en áreas como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.

Los oficiales retirados han expresado que su salida no solo afectó sus carreras, sino también su dignidad y la de sus familias. “Son carreras de más de 25 años que fueron manchadas por un escándalo de corrupción en el que no tenemos nada que ver”, declaró uno de los afectados. Por ello, han solicitado al presidente Gustavo Petro que revise los casos y considere su reintegro, además de investigar las posibles extralimitaciones de la contrainteligencia policial.

Por su parte, la Policía Nacional ha defendido las decisiones tomadas, argumentando que estas responden a dinámicas institucionales. Sin embargo, las denuncias de manipulación y arbitrariedad han puesto en el centro del debate la transparencia y la justicia en los procesos internos de la institución.