Aumento de las extorsiones en Perú complica al ministro del Interior y transportistas exigen su salida

Aumento de las extorsiones en Perú complica al ministro del Interior y transportistas exigen su salida

La crisis de inseguridad en Perú no da tregua al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y parte importante de esa realidad se debe a las cifras de extorsiones que atemorizan a la nación vecina. Según parte de la prensa local, el aumento en este parámetro generó que el jefe de la cartera de seguridad se quedara “sin piso” político tras no poder contener la situación.

Dirigentes del mundo transportista -que ha llevado adelante numerosos paros en los últimos meses- y de la política han exigido su salida en los últimos meses, pero Santiváñez se resiste. Asegura que “está trabajando” para mejorar el presente peruano.

Según el periódico limeño La República, pese a que el gobierno de Dina Boluarte, Presidenta de Perú, decretó un estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao hace dos meses, extorsiones, atentados y crímenes siguen reportándose de manera diaria.

Un ejemplo decidor es el que presenta el portal web de Radio Programas del Perú (más conocido como RPP), que en menos de una semana publicó cinco hechos relativos a desbaratamientos o actividades ilícitas relativas a la extorsión.

La crítica del medio capitalino, sin embargo, va más allá. “Las cifras demuestran que no se han visto los resultados positivos que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, intenta hacer parecer”, plantea, tajante, La República.

Esta crítica nace del contraste entre las palabras del encargado de la seguridad pública y del orden interno del país, con las cifras entregadas por el propio Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol).

Fue en una entrevista con el programa televisivo “Punto Final” donde Santiváñez planteó que posterior a la implementación del estado de emergencia, los índices supuestamente se habrían reducido en algunos distritos de Lima y Callao, pero también las cifras de homicidios en comparación con 2023. “Las denuncias por extorsiones han bajado en 4%, pero han bajado”, dijo en el medio vecino.

Los números lo contradicen tajantemente. Según el analista de datos Juan Carbajal, no solo no se habrían reducido los homicidios, sino que aumentaron, dijo a La República.

“Los datos del Sidpol, de enero a octubre del 2024, registran 2.027 denuncias por homicidios versus las 1.915 del 2023 en el mismo período”, explicó. Y lo mismo ocurre con las extorsiones, añade, esta vez citando las cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aquella agencia está directamente bajo el control del Ministerio del Interior.

“En julio hubo 483 denuncias por extorsión; en agosto, 562; en setiembre, 649, y en octubre, 796; la tendencia siempre está en alza”, replicó Carbajal al titular de Interior. En la misma línea, añadió que en 9 de los 13 distritos (similar a las alcaldías de Chile) con un activo estado de emergencia, el aumento en la cifra de extorsiones se mantiene al alza. De los cuatro restantes, en uno se mantienen los números registrados previo a la imposición del estado de excepción constitucional, mientras que solo en tres se ha visto una mejora.

La medida tomada por Boluarte y su gabinete se debió a la presión que el gremio de transportistas hizo -y hace todavía, pero con menor fuerza- tras una ola de extorsiones contra sus miembros. El 20 de agosto de este año un bus fue atacado con disparos en el distrito limeño de Puente Piedra, y un mes después tres choferes habían perdido la vida y 16 atentados habían sido registrados por las autoridades.

El país vecino no se ha quedado inmóvil, pero ninguna de sus propuestas parece dar con una solución, al menos de momento. En abril de 2022, por ejemplo, el expresidente Pedro Castillo -hoy en prisión- impuso un toque de queda en la capital Lima y el puerto del Callao tras un paro de transportistas y sus subsiguientes disturbios. Ya bajo el control de Boluarte, la mandataria indicó en septiembre de este año que quería la máxima urgencia en el Congreso para que este debatiera su propuesta de ley sobre “terrorismo urbano”, como respuesta a la creciente crisis de seguridad.

Un último detalle explica el presente peruano: la inestabilidad política del país. Solo durante el mandato de Dina Boluarte, en el poder desde diciembre de 2022, el Ministerio del Interior ha sido dirigido por seis ministros distintos. En total, 57 ministros han sido miembros de la administración actual.

En la práctica, el actual estado de emergencia buscar limitar o restringir el libre tránsito, la libertad de reunión y suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio, donde la policía puede ingresar a una casa sin orden judicial bajo sospecha de actividad criminal. También permite la intervención de las Fuerzas Armadas para el control y la vigilancia.

Nada de esto evitó que esta semana un mototaxista fuera víctima de un asesinato tras ser extorsionado por una banda: no se trata de otra que “Los Gallegos”, cuyo actuar conocemos en el norte de Chile por su ingreso al país en 2022, según autoridades locales.

El grupo grabó el crimen para luego enviar el video a otros transportistas como una forma de amenaza para que paguen “cupos”, la forma en que en Perú se refieren a la cuota de extorsión.

De todos modos, la policía ha tenido algunos logros. En Chancay, la PNP logró desarticular una presunta red criminal dedicada a la coerción contra transportistas, informó RPP. Bajo el nombre de “La Nueva Sangre”, el grupo exigía la paga de entre $1.000 y $3.000 soles semanales, equivalentes a $258.000 y $774.636 chilenos. En Arequipa, cayó otra banda conformada por extranjeros (ocho colombianos más un peruano) que amenazaba a comerciantes de la ciudad. Ventanilla, en tanto, vio la captura de un grupo que operaba bajo la fachada de dirigentes vecinales, pero que cometía los delitos de organización criminal, extorsión, usurpación y hurto agravado, según la Fiscalía.

Pero esto no es suficiente para el rubro transportista, el principal afectado por la ola de extorsiones. Julio Campos, vocero de la Alianza Nacional de Transportistas, dijo a La República estar cansado de los ataques y asesinatos contra choferes, exigiendo la renuncia del ministro del Interior.

Transportistas encaran al ministroll Santiváñez:
“¿Cuándo piensa renunciar? ¿No dijo que lo haría si su gestión fracasaba?”.

Hay muertos a diario, extorsiones que impiden trabajar y miedo constante en las calles. ¡Lárguese a su casa RATA de MRD! @MininterPeru pic.twitter.com/h0Vd2kOud0

— Poco Serio (@pocoserio_pe) November 13, 2024

“Él prometió que iba a hacerlo si es que el estado de emergencia no daba resultados. ¿Por qué no lo hace?”, dijo en referencia al posible paro programado para el 10, 11 y 12 de diciembre. En octubre, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, ya había solicitado la renuncia del ministro del Interior, y el mismo mes, el alcalde de Ate, Franco Vidal, se sumó a la exigencia.

La respuesta de Santiváñez fue que “el cargo de los ministros siempre está a disposición”. Sin embargo, también ha criticado a sus detractores. En una ocasión, al ser consultado por el asesinato de un chofer de la empresa El Rápido, el ministro cuestionó al dueño de la línea por no haber asistido a las citaciones de la justicia, pese a haber interpuesto una denuncia.

“Si vamos a darle una lucha frontal a la delincuencia, debemos comprometernos todos. Acá el señor no fue, y aquí están las actas. Nunca prestó su declaración en reiteradas ocasiones. (…) Frente a esto, ¿qué quieres que haga la policía? ¿Por qué no ratificó la denuncia?”.