Postergadas reformas contra el crimen organizado

Postergadas reformas contra el crimen organizado

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, el Banco Mundial instó a los países de América Latina a priorizar la lucha contra el crimen organizado, por el efecto negativo en la inversión, competitivad, capital humano y calidad de los gobiernos que está teniendo el crecimiento regional de mafias. Hace pocos años atrás, Transparencia Internacional también nos advertía de la correlación existente entre violencia y corrupción, dado que los gobiernos que se ven más afectados por esta última tienen menor capacidad de proteger a las personas, siendo al mismo tiempo una causa y consecuencia de que prolifere el crimen organizado y la inseguridad.

En Chile hemos visto como crecientemente aumenta la preocupación por este tema, más aún cuando vemos como, al parecer, narcotraficantes reemplazan al Estado en ciertas funciones, proveyendo de servicios básicos y protección en ciertos vecindarios. Se trata de una película que ya hemos visto en Colombia, México y otros países de Latinoamérica, y conocemos el final.

Sin embargo, llama la atención que aún no exista un consenso transversal en que una de las formas necesarias para afrontar este fenómeno sea no solo aumentando penas y creando nuevas cárceles, sino también fortaleciendo al Estado y su capacidad de prevención y detección de la corrupción. Para esto, la inteligencia financiera es clave, pero también una serie de otras medidas que contribuyen a que el crimen organizado vea más dificultada la captura de instituciones claves como las policías, gendarmería, aduanas, tribunales, entre otros.

Lamentablemente, una serie de reformas como la de beneficiario final, transparencia 2.0 y otras esperan pacientemente su turno de discusión en el Congreso. Se ha reiterado por instancias internacionales y nacionales cómo un registro público de beneficiarios finales podría ser clave en esta materia, pero este proyecto se ha discutido tan solo una vez en el Senado desde que ingresó en diciembre de 2023.

Esperemos que en este último año legislativo y electoral no solo veamos promesas altisonantes de mayor seguridad, sino hechos que demuestren que realmente es una prioridad y que se concreten las anheladas reformas en la materia.

María Jaraquemada

Abogada