Pumpido encara esta semana el "debate" sobre los ERE y el TJUE sin expectativa de acuerdo por la contestación interna

Pumpido encara esta semana el "debate" sobre los ERE y el TJUE sin expectativa de acuerdo por la contestación interna

El Tribunal Constitucional (TC) cerrará en el Pleno de esta semana el "debate jurídico" que se abrió en el anterior cónclave, a iniciativa de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, por la intención de la Audiencia de Sevilla de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para desoír las sentencias del TC sobre los ERE que absolvieron a una decena de condenados, pero lo hará sin acuerdo alguno ante la falta de apoyos internos que han encontrado las tesis del magistrado, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La polémica se desató después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anunciara en una providencia, donde pedía opinión a las partes, su disposición a formular una cuestión prejudicial ante el TJUE al considerar que el TC se ha "extralimitado" por la "interpretación alternativa" que hizo de los delitos de prevaricación y malversación que permitieron absolver, entre otros, a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Durante la reunión de la Sala Primera del TC celebrada el pasado 24 de marzo, Conde-Pumpido trasladó a sus compañeros sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles pudieran acudir a la corte de Luxemburgo para cuestionar las sentencias del Constitucional, y lo hizo aludiendo a un caso similar surgido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pero apuntando también al 'caso ERE'.

Al día siguiente, el asunto se abordó en el Pleno previsto, a pesar de que no constaba en el orden del día y ante el desconcierto entre varios magistrados, incluidos los enmarcados en la mayoría progresista del TC.

De acuerdo con fuentes conocedoras de dicho debate, en ese momento la postura de Conde-Pumpido ya contó con pocos apoyos. Las posiciones fluctuaron desde quienes consideraron incuestionable --"de primero de derecho UE"-- que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación de las normas comunitarias al caso que tienen entre manos, hasta quienes abogaron por defender la jurisdicción del TC en la ejecución de sus sentencias.

Esa "primera aproximación" al "conflicto" entre "la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional" y "el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE", según lo calificó el propio TC, comenzó el martes y continuó el miércoles. En esa segunda jornada, la postura del propio Conde-Pumpido se vio matizada, al hablar ya de la búsqueda de consenso interno en cualquier decisión que pudiera adoptarse.

El presidente del TC incluyó formalmente en el orden del día del Pleno que comenzará el próximo martes el "debate jurídico" sobre el "planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el TC u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución".

En el mismo, la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, y el magistrado conservador Ricardo Enríquez figuran como ponentes de los casos analizados --el del TSJM y el de la Audiencia de Sevilla--. Sin embargo, fuentes de la corte de garantías indican que, en contra de lo que es habitual, no se esperan ponencias, sino un "debate abierto" donde cada magistrado dé su opinión.

Las fuentes consultadas descartan igualmente que se tome decisión alguna, rebajando así las expectativas generadas por Conde-Pumpido, ya que inicialmente se llegó a deslizar la posibilidad de anular las providencias del TSJM y la Audiencia de Sevilla para defender la jurisdicción del TC y, posteriormente, se confiaba al menos en una solución de consenso.

Sin embargo, la contestación interna lo ha hecho imposible. De cara a este debate, se han encargado varios informes a los letrados del TC que, según las citadas fuentes, llegan a la misma conclusión: no se puede impedir que los jueces y tribunales españoles planteen cuestiones prejudiciales ante el TJUE, aunque sea sobre sentencias del TC y en fase de ejecución de las mismas.

TODOS LOS INFORMES AVALAN LA 'VÍA TJUE'

El primero fue el emitido por una letrada adscrita al magistrado conservador César Tolosa. Este informe afirma que el TC "no puede impedir" que un órgano jurisdiccional inferior acuda al TJUE "cuestionando la conformidad del Derecho de la Unión" de una sentencia que haya dictado la corte de garantías, porque "ello no sería solo incompatible con el mecanismo de la cuestión prejudicial", sino que además "podría suponer una infracción del principio de independencia judicial".

En este sentido, la letrada firmante indica que "todo ello daría motivos suficientes a la Comisión Europea para iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado español, con fundamento en la actuación de su TC", algo que "podría abocar" a una sentencia del TJUE condenando a España por "incumplimiento del Derecho de la Unión".

Un segundo informe, emitido por un letrado adscrito al magistrado conservador José María Macías, sostiene igualmente que "la competencia para apreciar que concurre la necesidad de plantear una cuestión prejudicial corresponde de manera exclusiva y libérrima, en el momento inicial, al juez o tribunal que decide plantearla y, de manera definitiva, al TJUE, sin posibilidad de interferencia de ningún otro tribunal nacional, incluido el TC".

"Por esa razón, la decisión de plantear una cuestión prejudicial no es susceptible de recurso alguno ni puede ser declarada nula, anulada, revocada o en cualquier otra forma dejada sin efecto por otro tribunal diferente del que haya decidido plantearla, incluido, otra vez, el TC", precisa.

Advierte, además, de que "la interferencia, injerencia, condicionamiento, impedimento u obstaculización por el TC del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios nacionales constituiría un grave atentado a la independencia judicial de esos tribunales ordinarios, que podría motivar la responsabilidad del Reino de España, exigible mediante un procedimiento por infracción (...), sin descartar que se haya podido incurrir ya en esa responsabilidad".

Los dos informes encargados por el propio Conde-Pumpido coinciden en que es "indudable" que tanto el TSJM como la Audiencia de Sevilla pueden formular cuestión prejudicial. No obstante, una de estas "notas" cuestiona que estos tribunales tengan verdaderas dudas sobre el encaje de los fallos del TC en el derecho comunitario, apuntando a una finalidad "impugnatoria".

En ese sentido, alerta de que "el empleo instrumental del reenvío como medio de impugnación de las resoluciones de los tribunales superiores amenaza con romper el equilibro institucional, haciendo perder al juez su imparcialidad en tanto deja de actuar como tercero en discordia y defiende un interés de parte: su propia lectura del Derecho".

Con todo, expone que "la prudencia y el respeto institucional al ámbito competencial de las distintas jurisdicciones impiden sugerir ningún tipo de actuación por parte del Tribunal Constitucional en una tesitura como la abierta" por el TSJM y la Audiencia de Sevilla.

Así las cosas, el "conflicto" que identificó el TC ha quedado rebajado a un "debate jurídico" sobre lo que algunas voces califican de "cuestión novedosa" sin más objetivo que el intercambio de opiniones. De hecho, las fuentes consultadas descartan tajantemente "interferir, ni mucho menos anular", las providencias analizadas.