Juan Ignacio Guzmán y reforma a la permisología: “Reducir el 30% del tiempo no apunta al corazón del problema”   

Juan Ignacio Guzmán y reforma a la permisología: “Reducir el 30% del tiempo no apunta al corazón del problema”   

Hace poco más de un año que ingresó a trámite legislativo el paquete de reformas a la permisología que propuso el Ejecutivo. Lo anterior, con el fin de agilizar los tiempos de permisos en proyectos de inversión y dar más certeza a los inversionistas.

Un sistema inteligente de permisos sectoriales, así como reformas al SEIA (Sistema de Evaluación Ambiental), son parte de esta ejecución que se lleva a cabo en el último año de la actual administración, ad-portas de una nueva etapa electoral.

Desde la vereda de los expertos en materia de economía minera, el gerente general de GEM Mining Consulting, el académico Juan Ignacio Guzmán, hace un análisis de la actual situación de los permisos.

Si bien, Guzmán considera que entre 2019 y 2022 la inversión minera tuvo un período aún más crítico por la discusión del royalty, hoy queda como un riesgo remanente el hecho de que las empresas mineras que están invirtiendo no puedan obtener todos los permisos a tiempo. Asimismo, ve riesgos en las propuestas arancelarias que está planteando el actual Gobierno de Estados Unidos

¿En qué nivel la permisología está estancando proyectos mineros en Chile? ¿Hay alguna estimación de las pérdidas que ha generado?          

En general la permisología atrasa en promedio entre dos a tres años los proyectos en Chile. Ahora, en términos económicos probablemente estemos hablando de una pérdida para el país de entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones de dólares, porque por cada año que se atrasa un proyecto minero pierde alrededor del 10% de su valor actual neto.

Es decir, si tú como inversionista vas a invertir en un proyecto en el que esperas ganar US$1.000 millones de dólares, tres años de atraso significa que vas a optar como máximo a US$ 700 millones

¿Dónde están los principales obstáculos en la obtención de permisos en Chile? ¿En qué año podemos situar el inicio de este tipo de estancamientos?

Hacia 2010 y de ahí en adelante, los permisos se volvieron mucho más complejos desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político-social. En Chile durante la década del 80, 90 y principios de la década del 2000, la minería era vista como una actividad económica que contribuía positivamente al país y de eso nadie tenía duda. Pero desde la década del 2010 eso empezó a cambiar y empezó a generarse resistencia en torno a la minería.

Ahora, si tú ves en promedio, 20 años atrás los permisos ambientales tomaban entre uno o dos años en obtenerse, hoy día se toman cinco años y más allá en el tiempo.  Hace 20 años atrás existía un entendimiento de que si tú hacías las cosas que te pedían, el permiso te lo dan.

Hoy día, con casos bien emblemáticos como Dominga y otros, demuestran que ya no existe esa seguridad de que, si tú haces las cosas bien, el permiso te lo van a otorgar. O incluso otorgándote el permiso, no hay garantía de que finalmente puedas desarrollar el proyecto.
No solamente se ha vuelto más largo el proceso, sino que técnicamente más complejo y sin garantía.

Vimos que GEM estuvo presente en la convención PDAC 2025 en Canadá. ¿El asunto de la permisología fue abordado de alguna manera en esta convención?

No se abordó de forma explícita con alguna conferencia. Sin embargo, existían muchas señales en el ambiente y, por ejemplo, el CEO de BHP (Mike Henry) habló de la pérdida competitiva de algunos países producto de la permisología. Y yo diría un entendimiento común durante la conferencia es la importancia de volver a permisos simples con accountability.

Cuando tú tienes 500 permisos a obtener, la verdad es que no necesariamente estás apuntando en la dirección de disminuir el costo ambiental, sino que más bien de hacer muy difícil el que eventualmente puedes avanzar con un proyecto.

¿Cómo evalúa los avances en el proyecto Sistema de Permisos Inteligentes que se discute desde hace poco más de un año en el Congreso? 

Desde el inicio no me gusta el proyecto, pero por razones bien concretas. Creo que la meta de reducir el 30% del tiempo no apunta al corazón del problema. Esto porque cuando tú reduces el 30% del tiempo, el Estado se refiere al tiempo de revisión del permiso. O sea, cuando una empresa, por ejemplo, ingresa con la evaluación de impacto ambiental, hoy día en promedio toma alrededor de dos años obtener el permiso.

Uno puede decir un 30% menos, son seis meses, espectacular, redujimos seis meses el tiempo. Pero eso es falso, porque, por otro lado, en 2023, este gobierno incluyó un cambio en la normativa de la evaluación de impacto ambiental, que te exige ahora evaluar, incluyendo los requerimientos del cambio climático, lo que hace que los tiempos de preparación de un estudio de impacto ambiental, si antes eran de un año, ahora sean de dos.

Entonces, a lo mejor se van a demorar un poco menos la revisión, pero hacer el estudio va a ser mucho más costoso en tiempo. Sumando y restando, no vamos a obtener plazos más cortos.  

Nuevas potestades para la SMA

¿Cómo ve los avances y nuevas potestades que habría para la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)? A algunos expertos le parecen excesivas las nuevas atribuciones para el organismo.  

Creo que cuando das las atribuciones que se pretenden dar a este organismo, que es básicamente no solamente actuar como juez, sino que eventualmente de forma unilateral restringir operaciones y eventualmente darle mayor potestad aún, lo que estás haciendo es generar los incentivos para que finalmente el sistema se corrompa.

Si das más poder a una institución a nivel de fiscalización, tienes necesariamente que poder un contrapoder en otro lado que fiscalice esta institución para que vea que está cumpliendo de forma adecuada su misión.

Al final del día la SMA depende del gobierno de turno, entonces esto se presta para que el día de mañana si el Gobierno de turno no quiere que un proyecto vaya, mande a la SMA a cerrar el proyecto. Y eso es arbitrario, daña la institucionalidad porque hace que finalmente el proceso sea incierto.

¿Ve riesgos en la materialización del catastro de proyectos identificado por Cochilco US $83.181 millones? 

Sí, mira, veo varios riesgos. El primero, sin duda relacionado con esta permisología, es que para que estos US$ 83.000 millones se pudieran llevar a cabo, tú debes tener permiso en todo ello. Y una buena parte de esa inversión hoy día no tiene todos los permisos.

Entonces creo que ahí hay un primer elemento. El segundo elemento es el mercado. O sea, estos proyectos se van a desarrollar en la medida que el mercado sea lo suficientemente bueno. Con la denominada “guerra comercial” que Estados Unidos está iniciando, hay incertidumbre. El mercado está bueno, los precios están altos, pero si yo voy a comprometer una inversión para hacer en los próximos 3 o 4 años, no hay completa confianza de que el mercado va a seguir bueno. Y básicamente porque no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos.

Inversión en Escondida

Recientemente se anunció una inversión por US$2.300 millones ¿Considera que inversiones de esta magnitud son las que “mueven la aguja” en Chile y que se están viendo en aprietos por el exceso de permisos?   

Soy de la idea de que todas las inversiones mueven la aguja cuando tú las agregas. Y obviamente una inversión que por sí misma es de US$2.300 millones mueve la aguja por sí sola.

Pero un país para ser exitoso no puede depender de una inversión. Un país para ser exitoso y crecer de forma significativa tiene que apuntar a la mayor inversión posible de todos los tamaños posibles

¿Qué importancia tienen planes como este, y la inversión total de US$10.800 millones de Escondida?

La mayor importancia es que primero valida el hecho de que todavía empresas tan importantes como BHP nos están viendo como un país que ha retomado la confianza o la confiabilidad. Pero también es muy importante que se hagan estas inversiones en las minas que están en operación porque la verdad es que estas minas se están envejeciendo a tasas exponenciales.

Entonces, a menos que se realicen estas inversiones, la producción de Escondida va a caer de forma significativa en los próximos años. Entonces, para poder mantener una Escondida, con todo lo que eso implica a nivel competitivo y a nivel mundial necesitas efectivamente hacer inversiones multimillonarias.

Aparte de la permisología, ¿qué otros riesgos se ven para la minería chilena este año, para que se concreten las inversiones? ¿Podría considerarse el hecho que tenemos año electoral? 

El primer riesgo es cómo evoluciona la discusión política, electoral, respecto a la minería y a la inversión en Chile. O sea, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los focos de los candidatos presidenciales? ¿Va a ser la seguridad? ¿Va a ser la economía, el crecimiento económico? ¿O en realidad va a ser una nueva reforma tributaria? ¿O completar la reforma tributaria que el Presidente hoy no va a dejar?

Esa discusión es clave, porque eso es lo que va a generar la discusión de los próximos cuatro años. Entonces, si vemos que finalmente el foco de los candidatos va más por el lado de completar las reformas que tenía este Gobierno y que quedaron inconclusas, más que apuntar hacia la dirección de mejorar la seguridad y el crecimiento económico del país, la verdad es que algunos de estos proyectos se van a caer.

 

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