Universidad Mayor interpone reclamación para evitar el pago de multa de $500 millones por lucro

Universidad Mayor interpone reclamación para evitar el pago de multa de $500 millones por lucro

La Universidad Mayor interpuso una reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago buscando evitar el pago de una multa de $500 millones que les aplicó la Superintendencia de Educación Superior por operaciones contra la normativa que sanciona el lucro en el sector.

Superintendencia de Educación Superior multa con casi $500 millones a U. Mayor: entidad afirma que sanción es “arbitraria”

A fines de mayo el rector, Patricio Manque, fue notificado por la Superintendencia de Educación Superior de que a la casa de estudios privada le estaban formulando cuatro cargos.

En la primera semana de noviembre, en tanto, el plantel fue sancionado tras detectar el desvío de 7 millones de dólares a su sede en Miami, Estados Unidos.

Esto, al cuestionarse operaciones financieras que realizó la entidad universitaria con sus subsidiarias Innova Learning Chile SpA y Sur Inversiones Inc. De acuerdo a un reportaje de Ciper, esas entidades tendrían como objetivo traspasar recursos para la ejecución de Nexus University, creado en Miami por la propia U. Mayor en 2018.

El directorio de la universidad es presidido por el abogado Juan Francisco Varela Noguera, antiguo colaborador de Andrés Allamand, y entre sus integrantes figuran nombres como el de Clara Szczaranski, exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que presidió la entidad entre 1996 y 2005.

Al conocerse la multa, la universidad rechazó “categóricamente” la sanción que calificó de “arbitraria”.

En su escrito de 40 páginas ante el tribunal de alzada, los abogados Cristian Cortés Poo y María José Gassibe Hoffmann plantean que el haber financiado, a través de préstamos a filiales, un proyecto académico en Estados Unidos no sería un destino ilegítimo para los recursos de la universidad que representan, por lo que critican “el equivocado concepto de la Superintendencia”.

Además, recalcan que “no se acreditó la infracción de norma sustantiva alguna en las operaciones cuestionadas”.

Los letrados piden acceder al expediente en que se tramitó el proceso administrativo sancionatorio y disponer la suspensión de la ejecución de la resolución del 4 de noviembre de 2024 que aplicó la sanción, mientras se tramita su reclamo.