García Ortiz propondrá hoy al fiscal que fijará criterio sobre el delito por el que le investiga el Supremo

García Ortiz propondrá hoy al fiscal que fijará criterio sobre el delito por el que le investiga el Supremo

El Consejo Fiscal celebrará este martes un Pleno que concluirá con varias propuestas de nombramiento por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incluida una plaza de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, cuyo titular tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo (TS) investiga al jefe del Ministerio Público.

Según consta en el orden del día, el fiscal general designará a su candidato hacia el final del Pleno, cuando los vocales se detengan en el punto duodécimo, que contempla el concurso discrecional por el que se convocan plazas para las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género.

Se trata de nombramientos discrecionales en los que el fiscal general debe escuchar al Consejo Fiscal --dominado actualmente por la mayoría crítica que forman los seis fiscales de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- pero sin que la opinión del órgano consultivo sea vinculante. Así, una vez decidido el candidato, García Ortiz lo comunica al Gobierno, que puede ratificarlo o rechazarlo pero no nombrar otro.

De las plazas a cubrir en esta convocatoria, destacan los dos fiscales de sala para coordinar las nuevas unidades especializadas de la Fiscalía que se crearon como parte del Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno: una de delitos económicos contra la Hacienda Pública y otra de delitos contra la administración pública.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press precisan que a esta última concurren seis aspirantes, si bien el mejor posicionado para hacerse con la nominación de García Ortiz sería Emilio Sánchez Ulled, fiscal anticorrupción que ha labrado buena parte de su carrera en Cataluña, donde se ocupó de los casos del Palau de la Música y del 9-N, y que también ha sido consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

A este puesto también aspiran el fiscal del TS Álvaro Redondo, que se opuso a investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en el 'caso Tsunami Democrátic'; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, que fue candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI); la fiscal anticorrupción y ex fiscal europea, Concepción Sabadell; y la jefa de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso Fernández.

Para la plaza de fiscal de sala coordinador de delitos económicos constan cinco candidatos, incluido el actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del TS, Fernando Rodríguez Rey, que según las citadas fuentes parte como favorito.

Respecto a los demás nombramientos que se examinarán en este Pleno, la fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en dicha comunidad autónoma, María Eugenia Prendes, será propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer al ser la única candidata. Sustituirá a Teresa Peramato, ascendida a jefa de una las secciones de penal del Supremo.

En cambio, para cubrir la vacante que dejó el fiscal de sala coordinador de seguridad vial Luis del Río tras su fallecimiento el pasado enero se han postulado una decena de fiscales.

LA AF PIDE A GARCÍA ORTIZ QUE SE ABSTENGA

Fuentes del Consejo Fiscal auguran un Pleno tenso por la plaza de fiscal de sala coordinador de la unidad especializada en delitos contra la administración pública, que ha sido objeto de críticas desde sus inicios.

El pasado octubre, los vocales de la AF y de la APIF votaron en contra de su creación al considerar que hay un "solapamiento de competencias" con la Fiscalía Anticorrupción, cuestionando que su verdadero objetivo sea reforzar la lucha anticorrupción, para lo cual abogaron por dotar de más medios a la fiscalía especial que dirige Alejandro Luzón.

Y, en vísperas del Pleno, la AF ha enviado una carta a García Ortiz donde le insta a abstenerse de participar en esta propuesta de nombramiento, dado que el candidato elegido tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito por el que le investiga el TS.

La asociación mayoritaria en la carrera fiscal ha pedido a García Ortiz "que no comprometa más la imagen de la institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad". "No resulta ni ético ni estético" que proponga candidato para este puesto, ha completado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.

No obstante, la Asociación de Fiscales se muestra consciente de que tal propuesta de nombramiento legalmente solo puede partir del fiscal general del Estado, por lo que directamente ha solicitado eliminar este punto orden del día, lo que supondría postergar 'sine die' la cobertura de la plaza.

Fuentes fiscales avanzan a Europa Press que García Ortiz desoirá la petición de la AF, proponiendo candidato a fiscal coordinador de delitos contra la administración pública, al considerar que no existe el "interés personal" alegado por la asociación profesional.

Otras voces del Consejo Fiscal rechazan igualmente las críticas a la unidad especializada. A su juicio, no hay solapamiento de competencias con la Fiscalía Anticorrupción porque ésta ejerce funciones jurisdiccionales --investigar y acusar-- interviniendo directamente en los casos, pero la de reciente creación no las tiene, por lo que se limitará a coordinar la actuación de los fiscales especialistas en la materia para unificar criterios.

A ello suman que la Fiscalía Anticorrupción se encarga de los casos de "especial relevancia", mientras que la nueva unidad especializada se dedicará a una corrupción de menor entidad, aunque "sistémica", como la detectada en corporaciones locales o diputaciones provinciales.

INFORME SOBRE EL CAMBIO DE ACCESO A LA CARRERA

En el marco del Pleno del martes, también está previsto que el Consejo Fiscal aborde su informe sobre el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal. El ponente del borrador del informe es el fiscal Miguel Rodríguez Marcos, ex vicepresidente de la AF.

El anteproyecto en cuestión propone incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y prohibir la financiación privada de las asociaciones, entre otras cuestiones.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también emitió informe, alertando de "disfunciones" que podrían generar "una carrera a dos velocidades". El órgano de gobierno de los jueces advirtió de que algunas de las "innovaciones de calado" que contempla la reforma podrían "debilitar la independencia del Poder Judicial".