¿Ideas? No gracias, sólo circulares de la Super de Pensiones

¿Ideas? No gracias, sólo circulares de la Super de Pensiones

En pleno siglo XIX, y ante la tecnología de la información, y los desafíos de la inteligencia artificial, algunos no superan, después de tanta agua y sangre bajo el puente, las pulsiones contra la libertad y el control dirigista del Estado en materias que parecen siempre menores, pero que horadan, en cada acción, la determinación del plan de vida de cada persona, la libertad de emprender, pensar o de comunicar. Cada tanto, en Chile asistimos a algún acto de “creatividad” de sujetos, que en posiciones de poder arriesgan -siempre sutilmente- pero no por ello menos duramente, las libertades individuales, intentando mover sutilmente la barrera del Estado de Derecho.

Recordemos que luego de la derrota del gobierno en el proceso constitucional de 2022 (asunto que hoy varios omiten, esconden u olvidan convenientemente) el motivo que se dio de la misma, según el oficialismo, fue por los niveles de “fake news” circulantes (“el pueblo no estaba preparado”). De autocrítica refundacional poco.

Haciendo historia, y habiendo creído que algunos reflexionarían después del desastre -cosa a estas alturas imposible-, nos desayunamos meses después, con la entonces denominada “Comisión para la Desinformación”, que impulsaba la ministra Camila Vallejo. La presión ciudadana que muchos ejercimos, contra éste órgano, que parecía pretender -al menos cuando apareció, entre gallos y medianoche- controlar “la verdad oficial”, logró el objetivo que la misma nunca hiciera un aporte sustancial, y se diluyera en un informe para guardar en un cajón o pagar a alguna imprenta amiga. No obstante, ello sirvió como ejemplo, de cómo el Gobierno se da de cabezas contra la libertad de expresión, y por otro lado, se irguió como un triunfo del ejercicio de esa libertad insustituible a expresar -no solo lo que les acomoda o gusta-, sino, además, pensar y proponer ideas libremente y sin censura previa, elemento fundamental de una democracia. Una vez más la pulsión y la derrota.

Siempre presente, el ánimo del proceso constitucional 2022, aparece cada tanto, colándose por los sumideros de la democracia, en que algunos insisten tácticamente. El intento de los mismos vuelve una y otra vez en una agenda que los chilenos rechazaron mayoritariamente. Si no son las definiciones de autodeterminación indígena, es el aborto o el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial, si no se trata de la legalización de las drogas, volvemos sobre las pensiones. Así, suma y sigue, es cosa de leer todos los días las noticias.

Hay que recordar que tan rápido como se aprobó la reforma previsional, y producto de ese apuro -a ratos irracional-, como he sostenido en estas páginas, el diablo comenzó a aparecer en los detalles de la implementación.

Esta vez, nuevamente se intenta regular por vía de la potestad delegada de órganos fiscalizadores, asuntos que tocan las fibras de derechos fundamentales y restricciones que, únicamente, pueden ser determinadas por la ley. En la laxitud de circulares, guías, interpretaciones de superintendencias y órganos de control, el derecho ha comenzado a modelar -lo que en principio puede ser sano- las formas específicas de actuación de ciertos órganos en industrias reguladas. Tres problemas con este punto, cada vez más usual: en primer lugar, en que dichas normas controviertan derechos fundamentales, sin autorización legal. En segundo lugar, que no exista un control riguroso de la jurisdicción en torno a atajar dicho desvío de poder -algo que suele apreciarse, más de lo que se quisiera en los Tribunales- y, por último, pero no menos relevante, es que tras una norma, no exista un criterio de neutralidad política o técnica. Por el contrario, muchas de éstas son utilizadas con un fin, bajo un supuesto manto de potestad administrativa, y en la opacidad de algún escritorio del Estado, tocan la fibra de derechos esenciales con directo interés ideológico.

Ello ocurrió, recientemente, en la regulación de elementos publicitarios para las AFP -norma que originalmente existía-, pero que se modificó ampliándose, y que hoy pretende extenderse por vía de circular de la Superintendencia de Pensiones (SP) a elementos que la ley no autoriza. En la parte final de la discusión técnica de la reforma previsional, en el Senado, la entonces ministra del Trabajo, y actual candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, señaló expresamente -en la historia de la ley- dónde quería apuntar con precisión por esta vía, y la cito textualmente: “Es importante este artículo porque obliga a siempre mencionar quien es el emisor de esa propaganda, y esto se da no solo para una AFP, sino que para las organizaciones, como por ejemplo su asociación gremial, o su Asociación de AFPs […] lo señalamos, porque durante dos años hemos estado bombardeados de propaganda que en realidad lo que ha hecho, viniendo de las AFP no ha informado, sino más bien desinformado y ha jugado un rol muy político en este debate”. En breve, lo que nos quiso decir Jara es, no me gusta lo que dicen, lo regulamos y si podemos, lo prohibimos.

Estamos a días que la SP cierre consultas a una circular que pretende intervenir y controlar la publicidad de las AFP (industria regulada) y su Asociación Gremial -cuerpo intermedio- (facultad que no le compete a la SP) yendo más allá de lo que la Constitución, y la ley le autorizan. Lo grave es que la regulación apunta directamente a normar toda publicidad, promoción o auspicio que las AFP efectúen directa -y lo más complejo- indirectamente. La ley no dio espacio para informar el “auspicio” -pese a que la circular pretende ampliarlo- y respecto de la información “indirecta”, ello podría llevar “aguas arriba” a la ilógica situación, que si las AFP financian el funcionamiento de su entidad gremial, y ésta, a su vez contrata un informe a una Universidad o Centro de Estudios, o si auspicia un seminario con trabajadores y sindicatos, todo ello debe ser informado a la Superintendencia quien puede fiscalizar. La circular en consulta pretende ingresar en áreas que la ley no la ha facultado, y de las propias palabras de Jara, en su momento, se deriva que ello tiene un objeto claro y político. Los senadores Cruz-Coke y Galilea se lo recordaron a la entonces ministra en la tramitación del proyecto, pero como dije antes, las prisas pasan y las (…) quedan.

Un punto, es regular una industria sensible en su funcionamiento y objetivos, otra muy diferente es por vía administrativa torcer derechos y libertades fundamentales como la expresión, la autonomía de los cuerpos intermedios y la libertad de emprendimiento asegurados en la Constitución, como pretende hacerse por vía de una circular de la SP.

A la hora de analizar el debate de la permisología, hay uno más de fondo aún. La delegación de potestades descontrolada que el legislador ha otorgado, a veces de buena fe, a las autoridades fiscalizadoras, permiten dictar normas obligatorias, sin control alguno de constitucionalidad, más allá de difusas resoluciones, que suelen proteger al Fisco ante Tribunales, frente al administrado. Ese es un debate de fondo sobre la libertad y la democracia. La libertad de expresión es un derecho -pese a que la entonces ministra Jara señaló que solo las “personas”, refiriéndose a las naturales, tienen derechos civiles- sin más comentarios, sobre un tema resuelto hace más de un siglo por la doctrina y la jurisprudencia.

La circular, obra del apuro legislativo, -cuando Jara advirtió su finalidad evidente- ahora está a punto de conculcar libertades esenciales. Es claro, que aunque Jara nos diga que “hay comunistas y comunistas” por su relación con Venezuela, no pudo, no siendo candidata, en ese momento, evitar pensar en el líder georgiano, el “padrecito Stalin”, quien a propósito de la libertad de expresión, señaló: “Las ideas son más poderosas que las armas. Si no dejamos que nuestros enemigos tengan armas, ¿por qué debiésemos dejar que tuviesen ideas?”.

Los chilenos no podemos dejar pasar estos intentos sofisticados, que en la opacidad acepten que se transgreda la Constitución y la ley. Sí, las ideas suelen ser más poderosas que las armas, por ende, deben defenderse.

Por Gabriel Alemparte, abogado.