La preocupante apatía de autoridades y ciudadanos

La preocupante apatía de autoridades y ciudadanos

Fue un hecho ciertamente bochornoso que en el marco de la tramitación del proyecto de ley sobre fraccionamiento de las cuotas pesqueras -una propuesta de suyo controvertida-, el subsecretario de la cartera entregara una cifra totalmente errónea a los parlamentarios de la Comisión Mixta: según él, los pesqueros industriales solo habían capturado el 61% de las cuotas en 2024, dato que fue uno de los insumos para que el proyecto se aprobara favorablemente. Una importante pesquera no solo acusó que con ese cambio en las reglas del juego se vería forzada a cerrar sus operaciones a partir de 2026 -comprometiendo cientos de empleos-, sino que además acusó la entrega de información falsa, pues las capturas habían alcanzado en realidad el 93%.

El gobierno reconoció el error, atribuyéndolo a información “desactualizada”, lo que causó fuerte molestia en la oposición, pero también en sectores del propio oficialismo, que pidieron la salida del subsecretario. Lejos de ello, el ministro de Economía lo confirmó en su cargo, bajando el perfil a lo sucedido. Es decir, en uno de los episodios más bochornosos que se recuerde en el Congreso, ninguna autoridad asumió responsabilidad alguna, y esto, lejos de ser un escándalo, ha sido aceptado dócilmente por el propio mundo político, pero también por la ciudadanía, sin aquilatar las implicancias de lo que implica la desprolijidad y manchar el trabajo legislativo.

Desde luego abundan los ejemplos de casos en que situaciones escandalosas, irregulares o que afectan gravemente los intereses del país terminan sin que ninguna autoridad se haga responsable y sin que los ciudadanos exijan cuentas por ello, lo que ha traído consigo una peligrosa “normalidad”, a la que en ningún caso cabe acomodarse, y que aun así es lo que de hecho parece estar sucediendo.

Lo hemos visto en todo el escándalo que rodeó la venta de la casa del expresidente Allende, donde varios de los abogados de distintas reparticiones públicas no fueron capaces de alertar sobre la manifiesta inconstitucionalidad que implicaba que una senadora del PS y la ministra de Defensa aparecieran contratando con el Estado. Es cierto que la senadora fue destituida por el Tribunal Constitucional -quizás uno de los pocos ejemplos donde la responsabilidad se hizo efectiva, haciendo valer el principio de supremacía constitucional, muy olvidado en estos tiempos-, en tanto que la ministra de Bienes Nacionales, así como la titular de Defensa, tuvieron que dejar sus cargos, pero sorprende que respecto de los equipos jurídicos o de otras autoridades involucradas apenas se hayan tomado medidas, y el caso esté pasando al olvido.

En pleno debate se encuentra el nuevo incumplimiento de las metas fiscales, donde el gobierno se vio en la necesidad de flexibilizarlas producto fundamentalmente de ingresos fiscales que estuvieron mucho más bajo de lo proyectado por Hacienda, sin tomar suficientes medidas correctivas a pesar de las alertas que se venían recibiendo. Pero de nuevo, nadie ha respondido por ello, y la ciudadanía no parece ver aquí mayor inconveniente, sin reparar en que la falta de cumplimiento de la regla fiscal sí tiene un impacto directo en la economía. Tampoco parece haber mayor inquietud por el hecho de que el país lleve una década creciendo a tasas muy insatisfactorias, acumulando tres años con un desempleo que supera el 8%.

En fin, la sociedad no parece llamarse a mayor sobresalto por los ataques terroristas que continúan ocurriendo en la Macrozona Sur; mira con resignación los narcofunerales -a pesar de que estos son recurrentes y en algunos casos tienen la capacidad de paralizar a una parte de las ciudades- y en otras materias que tocan tan directamente la vida cotidiana, como las abultadas listas de espera en la salud pública o la crisis que viven algunos hospitales, lo acepta también como parte de la realidad que le toca vivir. Lo propio se podría decir respecto de los recurrentes paros de los profesores -esta semana hubo de hecho una nueva movilización-, lo que a pesar de afectar gravemente el derecho a la educación de los alumnos y generar trastornos en muchas familias, aún así se acepta sin mayores cuestionamientos.

La apatía ciudadana y el acostumbramiento del mundo político a no asumir las responsabilidades por la desidia o por situaciones irregulares está creando un círculo pernicioso que ciertamente representa para el país un enorme costo, porque se están naturalizando situaciones que, pese a que muchos puedan estar conscientes de sus negativos efectos, al consentirlas se alimenta su repetición y finalmente un acostumbramiento a la impunidad.

No se trata de volver a épocas como el llamado estallido social, donde la demanda por cambios derivó en un gravísimo cuadro de desorden y violencia, algo que afortunadamente la mayoría mira ahora en forma negativa. Pero la indiferencia o el acostumbramiento equivale a transitar hacia el polo opuesto, y en la medida que nada parece importar o conmover mayormente, el país queda sumido en un estancamiento, o con el riesgo de seguir repitiendo una y otra vez los mismos errores. Cambiar las actitudes de la sociedad toma tiempo, pero ello no debe ser excusa para el mundo político, que sí está llamado a elevar sustancialmente los estándares de cómo entiende sus propias responsabilidades.