Sector público y licencias médicas

Sector público y licencias médicas

En 2010, en Concepción, un hombre se quemó a lo bonzo protestando porque tenía una licencia impaga hacía 8 meses. Era el sustento de la familia y había vendido bienes para seguir adelante. En oficinas de la Compin en Santiago Centro, unos meses antes del estallido social de 2019, hubo casos de personas protestando pues llevaban meses sin que les pagaran sus licencias: el señor del extintor que activó el aparato para llamar la atención desde su silla de ruedas tras 6 meses esperando que le pagaran; otro se cortó un brazo para llamar la atención por 10 meses de licencia impaga.

Frente a esta ola de protestas, el gobierno anunció un plan que apuraría el pago de licencias médicas pendientes y, en julio de 2019, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora que analizaría la “crisis del Compin”. El informe final se entregó en diciembre del mismo año con importantes conclusiones sobre el sistema y 27 recomendaciones. Luego vino la pandemia, el teletrabajo y el vuelco que ha tenido en la vida de todos los efectos post pandemia. Seguramente muchas de las recomendaciones aún no se han abordado o el informe duerme el sueño de los justos a pesar del material valioso que contiene.

La licencia médica es un derecho que tiene una persona trabajadora, dependiente e independiente, del sector público o privado, de ausentarse durante un tiempo por enfermedad o accidente para hacer reposo o tratamiento. Esta definición considera el derecho de las mujeres trabajadoras durante su pre y post natal, o padres, madres o cuidadores de niños y niñas menores de 1 año que padezcan alguna enfermedad grave. No es un favor de nadie, sino un derecho conquistado por todos y todas.

Por lo anterior resulta indignante conocer la denuncia de la Contraloría sobre 25 mil funcionarias y funcionarios públicos que teniendo licencia médica habrían aprovechado de salir fuera del país entre 2023 y 2024. Hay 35 mil licencias que corresponden a titulares que habrían incumplido el reposo y viajaron fuera de Chile durante ese tiempo. Se espera de las autoridades que lo anterior sea debidamente investigado y sancionado según corresponda.

El aprovechamiento y el abuso de algunas personas del sector público de las licencias médicas puede perjudicar a los que realmente las necesitan. Quienes trabajan en el sector público tienen ventajas con respecto a las licencias médicas comparado con trabajadores del sector privado: el subsidio por incapacidad laboral al funcionario público se le paga desde el primer día y lo paga la institución pública, es decir, recibe su salario completo. Eso no ocurre en el sector privado donde se paga solo a partir del cuarto día; hay tres días que son de cargo del trabajador o trabajadora, a no ser que tenga un convenio particular con el empleador.

Estas diferencias entre trabajadores no debieran existir. El sistema de salud debiera tratar a todos por igual, mientras que las instituciones que controlan la veracidad de las licencias deben ser rápidas y eficientes para castigar el mal uso pero no restringir el derecho legítimo de tantas personas con licencias que nadie les paga por meses.

Por Paula Walker, profesora Magíster Políticas Públicas, Universidad de Chile