Maisa Rojas: “El cuidado del medioambiente no implica detener el desarrollo económico”

Maisa Rojas: “El cuidado del medioambiente no implica detener el desarrollo económico”

Un viaje a Puerto Varas, entre el 10 y el 11 de abril, para inaugurar la Cumbre Anual 2025 de la Iniciativa 20x20, instancia que reúne a representantes de 18 países de América Latina y el Caribe en torno a estrategias para restaurar 50 millones de hectáreas de tierra degradada para 2030.

Traslados al Congreso, en Valparaíso, cada lunes, martes y miércoles, para abordar temáticas alusivas a la cartera de Medio Ambiente, entre las que se encuentran, los avances al proyecto de ley que pone término al Comité de Ministros y busca soluciones para destrabar la excesiva burocracia que envuelve a los proyectos de inversión mineros, energéticos, entre otros. Esos han sido los últimos días que han marcado la agenda de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien, en medio de sus actividades, hace una pausa para responder a las preguntas de La Tercera.

Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto que reforma la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300 o Evaluación Ambiental 2.0). ¿Qué medidas específicas considera la reforma para reducir los tiempos de evaluación del SEIA, sin comprometer los estándares ambientales chilenos?

Este proyecto de ley es una muestra concreta que desde el Ministerio del Medio Ambiente estamos trabajando con un objetivo: queremos hacer más eficiente la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Es importante recordar que fue aprobado en general por el Senado con un apoyo transversal y existe consenso en la importancia de que siga avanzando.

En términos generales, destaco que este proyecto equilibra el desarrollo sostenible con el cuidado del medioambiente mejorando, entre otros aspectos, el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entregando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la rectoría técnica de precisar las observaciones hechas a los proyectos por los distintos servicios con competencia ambiental.

¿Qué impacto tendría a su juicio la eliminación del Comité de Ministros en términos de transparencia y análisis técnicos en los procesos de evaluación?

Lo primero es aclarar que el Comité de Ministros solo actúa en una instancia final de reclamación, por lo que un porcentaje muy menor de los proyectos evaluados llega a esta etapa. Uno de los principios que inspiran el proyecto de ley es fortalecer el carácter técnico de la evaluación.

Por esta razón, se elimina el Comité de Ministros y se reemplaza por un recurso expedito ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, y la posibilidad de recurrir directamente ante los Tribunales Ambientales, permitiendo acceder de manera temprana a una decisión judicial especializada.

En cuanto a la burocracia excesiva para la entrega de permisos (llamada por algunos sectores “permisología”). ¿De qué manera se puede conciliar la necesidad de impulsar proyectos mineros y energéticos con el cuidado y respeto del medioambiente?

La evaluación ambiental no es una traba para el desarrollo, sino que una condición para que ese desarrollo sea sostenible. La regulación ambiental ha sido fruto de consensos amplios y transversales, tanto del mundo político y técnico, para dar respuesta a la demanda ciudadana de vivir en un medioambiente libre de contaminación, tal como lo señala nuestra Constitución. Además, tiene por finalidad proteger la salud de la población y la riqueza natural de nuestro país.

Al mismo tiempo, quiero ser enfática: el cuidado del medioambiente no implica detener el desarrollo económico, esa idea es equivocada. Dicho eso, nos hacemos cargo del consenso que existe sobre la necesidad de introducir mejoras en el sistema. Por ello estamos trabajando en hacerlo más eficiente.

¿Cómo se abordarán las demoras del propio sistema de evaluación de impacto ambiental?

Primero es importante decir que el SEA tiene plazos legales estrictos y opera con silencio administrativo positivo, entendiéndose aprobado un proyecto si no se resuelve dentro del plazo legal. De todas maneras, buscamos hacer de la evaluación un proceso más eficiente y que entregue certezas a todos los actores involucrados. Así, por ejemplo, y como ya lo he señalado, el proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 establece la eliminación del Comité de Ministros como instancia de revisión de reclamaciones.

Asimismo, tras la eliminación de esta instancia, tanto comunidades o titulares de proyectos de inversión podrán optar por recurrir de manera inmediata a los tribunales ambientales, reduciendo los plazos en la fase de impugnación. En esa misma línea, se fortalecerá la rectoría técnica del SEA, entregando facultades para precisar los pronunciamientos de los servicios con competencia ambiental a las materias que son de su exclusiva competencia. Además, se establece un procedimiento de urgencia que permite reducir hasta la mitad los plazos de evaluación en caso de necesidades públicas urgentes, manteniendo el estándar técnico requerido para su calificación.

En un viaje que hizo en el contexto del “Climate Week NYC 2024”, usted manifestó que Chile tiene una Estrategia Nacional del Litio que busca “más exploración y extracción de litio en el mediano plazo, pero también tiene objetivos ambientales”. ¿Qué rol jugará el Ministerio de Medio Ambiente para resguardar los salares y el impacto de la extracción, sin alejarse del objetivo de mayor exploración y extracción de litio?

La transición energética requiere más y mejor inversión, y sabemos que el litio es un mineral de alto valor estratégico en ese proceso. El Ministerio del Medio Ambiente es miembro del Comité Interministerial del Litio, junto a las carteras de Minería, Economía, Hacienda, Cancillería y Ciencias, en donde se toman las decisiones para la implementación de la Estrategia Nacional del Litio lanzada por este gobierno. Y, justamente, somos miembros de este Comité porque diría que de manera inédita en una estrategia productiva se consideran objetivos ambientales en su creación.

En específico, en la Estrategia de desarrollo del litio, el Gobierno decidió que se debía compatibilizar la producción con la protección y, para ello, nos comprometimos a la creación de una red de protección de salares altoandinos, que representará un 30% de la superficie de estos ecosistemas.

Este número no es aleatorio, sino que es parte de nuestros compromisos internacionales respecto a la meta 30x30 de la Convención de Biodiversidad, en donde los países se comprometieron a proteger el 30% de sus ecosistemas al año 2030. No hay que olvidar que las áreas protegidas son una oportunidad de desarrollo para las comunidades aledañas, por ejemplo, a través de actividades sustentables que pueden fortalecer sus economías locales.

La red de salares protegidos es un sello distintivo de este gobierno que muestra cómo podemos desarrollarnos poniendo sobre la mesa las variables económicas, sociales y ambientales. Sabemos que el litio es clave para el crecimiento económico de nuestro país y para la gestión de energías limpias que nos van a ayudar a enfrentar el cambio climático.

¿Qué criterios se usarán para definir los salares que serán parte de la Red de Salares Protegidos?

Desde el lanzamiento de la Estrategia, en abril del 2023, estamos trabajando para la creación de la red de salares protegidos. Un hito importante ocurrió en abril del año pasado, cuando el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático acordó la propuesta de los 27 salares seleccionados para formar parte de la red de protección y mandató al Ministerio del Medio Ambiente a trabajar en la propuesta de áreas protegidas para este grupo salares. Estos humedales altoandinos, que equivalen al 30% de la superficie de salares altoandinos del país, fueron seleccionados en virtud de su valor ecológico, que incluye la importancia del salar para la gestión hídrica de las comunidades, la conservación de la biodiversidad –en términos de especies y hábitat-, entre otros aspectos.

¿Cómo se garantiza la participación efectiva de las comunidades indígenas en la creación de áreas protegidas en salares?

El proceso de creación de la red de áreas protegidas de salares contempla una etapa de Consulta Indígena, la cual se está desarrollando en las regiones de Antofagasta y Atacama. Como Ministerio es muy importante este proceso, porque el Acuerdo de Escazú nos llama a una participación efectiva para dar certeza a todos los actores involucrados.

¿Qué rol jugará el Instituto Nacional de Litio y Salares (ILiSa) en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros?

El hecho que dentro de la Estrategia Nacional del Litio se haya incluido la creación de este instituto es el sello distintivo de este gobierno, porque habla de un desarrollo país con una mirada económica, ambiental, científica y tecnológica. Este instituto tiene un rol de generación de conocimiento y la provisión de información actualizada sobre litio y salares, de modo de aportar en la diversificación productiva, innovación e investigación aplicada, tanto para la producción y protección de los salares de Chile.

Su creación es liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y actualmente está iniciando su funcionamiento en múltiples líneas de trabajo, en donde esperamos que exista un desarrollo en torno a la elaboración de guías, monitoreo y evaluación del estado ambiental de estos ecosistemas. Sus insumos serán importantes para la generación de estándares que brinden sustentabilidad ambiental a los proyectos.