¿Paga Moya?: Segpres responde a Fiscalía que no abrió ningún sumario por la fallida compra de la casa de Allende

¿Paga Moya?: Segpres responde a Fiscalía que no abrió ningún sumario por la fallida compra de la casa de Allende

Casi cinco meses han pasado desde que el Ministerio Público abrió una investigación penal por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En ese tiempo, la indagatoria encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha tenido sustanciales avances, como son las declaraciones de los protagonistas del caso, así como también el levantamiento de información de los ministerios involucrados.

Pero más allá de la documentación sobre la propia venta del inmueble de Guardia Vieja, en Providencia, y un eventual fraude al fisco, en el Ministerio Público también se investigan presuntas conductas de tráfico de influencias. Por este motivo, ha requerido a diferentes organismos de gobierno, mediante oficios, reportar sobre sus propias investigaciones internas.

Entre estos está la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde su unidad jurídica -encabezada por la abogada Francisca Moya-, visó el decreto que firmó el Presidente Gabriel Boric para iniciar la polémica compra del inmueble que le costó el cargo a la senadora Isabel Allende (PS), ya que tenía prohibición expresa de realizar negocios con el Estado, y también generó la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández.

A diferencia de los otros ministerios como Bienes Nacionales que sí abrieron sumarios, la respuesta enviada al Ministerio Púbico por la repartición que integra la abogada de la Universidad de Chile, y amiga cercana del propio Boric, fue negativa.

En un oficio, al que tuvo acceso La Tercera, la Segpres le explicó a los fiscales que indagan el caso que no han iniciado ninguna investigación interna, pese a que dicha cartera -que hoy encabeza Macarena Lobos, pero que en el pasado lo hizo Álvaro Elizalde-, no halló méritos para hacer una revisión administrativa de los procesos jurídicos.

No pocos en el propio gobierno ironizaron: es decir, “paga Moya”; aludiendo a la cultura popular chilena donde se ocupa esa frase cuando no se identifica a un responsable director de un hecho, lo que coincide -además- con el apellido de la jefa de División Jurídico Legislativa de ese ministerio, Francisca Moya, y a quienes algunas autoridades atribuyen un mal asesoramiento al Mandatario en este caso y de “estar blindada” por su cercanía con Boric.

Jueces y parte

El 11 de marzo del 2025, día en que el gobierno celebraba su tercer aniversario, el fiscal Eduardo Yáñez envió una serie de oficios al Ejecutivo. En sus escritos, el persecutor, bajo la dirección del fiscal Cooper, requirió los sumarios a la Segpres, al Ministerio de Bienes Nacionales y al de las Culturas y las Artes. Mismo requerimiento que envió a Contraloría.

En específico, fiscal Yáñez pidió “informar si es que se instruyeron sumarios administrativos, respecto de la compra de la casa del expresidente de la República, Salvador Allende, y si la respuesta es afirmativa, comunicar su estado y remitir copia de los mismos, sea cual fuere el estado en que se hallaren”.

Los primeros en responder, afirmativamente, fueron la Contraloría, apenas siete días después de la solicitud de Yáñez. Lo mismo hizo Bienes Nacionales el 19 de marzo.

Los últimos en responder, a través de un escrito al que tuvo acceso La Tercera, fue la Segpres el 24 de marzo. “No se han iniciado investigaciones sumarias ni sumarios administrativos en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por el tema en comento”, se lee en el oficio firmado por la ministra Lobos.

Seguido de aquello, la cartera que integra Moya, y que visó el decreto firmado por Boric pese a los reparos legales que surgieron después, explicó que “el único acto administrativo que fue ingresado a esta Secretaría de Estado, para revisión, fue el decreto N° 38, de 25 de noviembre de 2024, del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual se autorizó la adquisición del bien raíz, el que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 20 de diciembre de 2024″.

Explicación de Lobos que continuó con la afirmación: “a nuestro juicio, no se ha configurado ninguna infracción o incumplimiento a los deberes u obligaciones de los funcionarios de esta secretaría de Estado, toda vez que se realizó la revisión legal de un decreto que cumplía con todas sus exigencias, lo que resulta patente al haber sido sometido al control de legalidad preventivo de la Contraloría General de la República, siendo tomado de razón sin ninguna observación o alcance”.

Quien tampoco acusó algún tipo de falta, fue el Ministerio de las Culturas que ese mismo día respondió que ellos tampoco iniciaron sumario, pues no vieron ninguna irregularidad.

La postura de la Segpres

La respuesta de la cartera de gobierno al Ministerio Público va en la misma línea de la postura que siempre han sostenido en medio de los cuestionamientos al Ejecutivo por la fallida venta de la casa en Providencia.

Sin ir más lejos, la propia jefa jurídica de la Segpres expuso los mismos argumentos ante la comisión investigadora. Moya afirmó que “nosotros fuimos parte en este proceso de adquisición solo de la etapa relativa al decreto supremo 38 y en ese sentido no fuimos parte ni de los análisis anteriores ni de los posteriores, por lo tanto, yo no le puedo, no me puedo referir a eventuales análisis que hayan realizado otros de los equipos a cargo en este caso particular”.

Sobre la legalidad de aquello, “nuestra evaluación de ese acto en particular fue que este se ajustaba a derecho y por eso fue suscrito por el Presidente de la República”.

Pero no fue lo único. En esa ocasión, Moya también fue consultada sobre si conocía o no de la inhabilidad legal para realizar la venta por parte de la entonces ministra y de la senadora.

“Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, como ya hemos explicado lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día el decreto 38″, respondió la cuestionada jefa jurídica de la Segpres.